Los gremios de la cadena de producción de proteína animal en Ecuador hacen un llamado urgente a la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional para que el trámite del proyecto de Ley de Protección y Defensa de los Derechos de los Animales se realice con responsabilidad, equilibrio y respaldo técnico sólido. Este pedido surge en un contexto de debate intenso y preocupación por el impacto que la normativa podría tener en el sector agroindustrial. La mesa de Biodiversidad tiene programada una sesión telemática para este viernes 6 de junio, a partir de las 15h00. Se espera que se apruebe el texto final del proyecto, tras recoger las observaciones del segundo debate, que concluyó el 12 de mayo pasado.
El asambleísta Franklin Samaniego, de Revolución Ciudadana, solicitó que un representante de los gremios participe como asambleísta por un día en la mesa de Biodiversidad. La bancada de RC insistirá en la moción de archivo del proyecto y busca el respaldo de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN). Mientras tanto, el Partido Social Cristiano (PSC) expresó su apoyo para aprobar el proyecto, y Pachakutik espera conocer el texto final para definir su postura.
Asamblea Nacional y preocupaciones del sector agropecuario
El sector agropecuario solicita que, en esta última fase del trámite, se respeten las disposiciones del artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esto implica que se deben recoger las observaciones presentadas durante el segundo debate y que el ponente indique claramente los cambios antes de la votación. Los gremios reconocen que el proyecto responde a una sentencia de la Corte Constitucional, pero advierten que algunos enfoques del texto se alejan de la realidad nacional y de los principios del bienestar animal basados en criterios científicos y productivos.
Asimismo, los gremios alertan sobre los riesgos de que la Asamblea Nacional incumpla la sentencia constitucional por motivos políticos o intereses particulares. Esto podría poner en peligro la seguridad jurídica y el bienestar social. En octubre de 2024, un grupo animalista presentó una acción de seguimiento ante la Corte Constitucional para que, si la Asamblea no cumple, la Corte expida la normativa conforme a los parámetros mínimos establecidos en la sentencia. Los gremios temen que esta situación abra la puerta a una normativa impuesta por la Corte bajo presión de grupos animalistas, lo que afectaría la producción, la soberanía alimentaria, el empleo, la reactivación económica y la paz social.
Impacto en la producción y soberanía alimentaria
El sector de la proteína animal de Ecuador sostiene que el proyecto de ley debe perfeccionarse para proteger a los animales sin equiparar sus derechos a los derechos humanos. La ley debe considerar las necesidades sociales, económicas y alimentarias del país. Para los gremios, una legislación adecuada debe promover el bienestar animal conforme a estándares nacionales e internacionales, respetando las competencias de las autoridades vigentes y reconociendo los derechos de los animales sin confundirlos con los derechos humanos.
Además, la ley debe proteger la soberanía alimentaria, teniendo en cuenta tanto la realidad urbana como rural del país. Debe garantizar la libertad individual de elección alimentaria, resguardar la competitividad del sector agroindustrial, proteger el derecho al empleo y asegurar el acceso a alimentos básicos, fundamentales para cumplir con la política de hambre cero propuesta por el gobierno. También debe impulsar la eficiencia en la producción para proteger la economía de los ciudadanos. Los gremios insisten en que la construcción de esta ley debe evitar imposiciones parciales y responder al interés general. Asimismo, garantizar el buen vivir, la soberanía alimentaria y un trato responsable hacia los animales.
Contexto y desafíos actuales del sector
El negocio de la proteína animal en Ecuador genera más de 300.000 empleos y aporta más de 4.000 millones de dólares al Producto Interno Bruto. Involucra a más de 150.000 productores que garantizan la seguridad y soberanía alimentaria del país. Absorbe más de 1,2 millones de toneladas de maíz nacional, un insumo clave para la producción, a un precio mínimo de sustentación establecido por el Estado. Sin embargo, los gremios han alertado sobre irregularidades en el abastecimiento de maíz y el aumento de precios. Esto podría poner en riesgo la producción de pollo, huevos, pavos y cerdos en los próximos meses.
Además, los gremios han expresado preocupación por los posibles efectos negativos del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canadá. Aunque el acuerdo incluye cupos máximos para carne de cerdo y alimentos para mascotas, el sector teme que una apertura indiscriminada del mercado afecte la competitividad y los empleos. Por ello, solicitaron al Estado excluir a la cadena de proteína animal de cualquier apertura o rebaja arancelaria en el acuerdo comercial. La dinámica económica del sector es vital para la estabilidad social y económica del Ecuador, y cualquier impacto negativo podría tener consecuencias devastadoras.