La Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, con 10 votos afirmativos, su Plan General de Trabajo para el período 2025-2027, propuesto por su presidenta, Rosa Torres. La resolución, adoptada conforme al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), establece las prioridades legislativas para reformar los principales cuerpos legales del país, con énfasis en el sistema judicial, la democracia y el proceso penal.
El plan busca evaluar y organizar 135 iniciativas de ley en trámite, de las cuales 97 fueron seleccionadas como prioritarias. Estas reformas abarcan áreas clave como el Código Orgánico de la Función Judicial, el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el Código de la Democracia y el Código Orgánico General de Procesos (COGEP). La hoja de ruta legislativa tiene como objetivo fortalecer la independencia, eficiencia y accesibilidad del sistema judicial ecuatoriano.
Prioridades legislativas para el período 2025-2027
Durante la presentación del plan, Rosa Torres destacó que el instrumento permitirá agilizar el tratamiento de proyectos pendientes, priorizando aquellos que refuercen la estructura legal del país. De las 97 iniciativas seleccionadas, cinco se centran en reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, 73 al COIP, 14 al Código de la Democracia y cinco al COGEP.
Varios de estos proyectos ya cuentan con informes listos para su primer debate en el Pleno de la Asamblea. Sin embargo, otros se encuentran en fase de revisión técnica y jurídica. Según Torres, la selección de prioridades responde a la necesidad de garantizar un sistema judicial más robusto, transparente y cercano a la ciudadanía.
Eficiencia judicial de nuevas propuestas
La presidenta de la Comisión subrayó que el plan no solo aborda iniciativas en trámite, sino que también abre la puerta a nuevas propuestas presentadas por los asambleístas. Este enfoque busca equilibrar la continuidad de los proyectos existentes con la incorporación de reformas innovadoras.
Además, Torres enfatizó que el fortalecimiento del sistema judicial es un pilar fundamental para consolidar la democracia y garantizar el acceso equitativo a la justicia. La Comisión trabajará en coordinación con otras instancias legislativas para asegurar que las reformas sean técnicamente viables y tengan un impacto positivo en la ciudadanía.
Formalización e implementación del plan
Tras su aprobación, el contenido del Plan General de Trabajo será notificado a la Presidencia de la Asamblea Nacional y a la Secretaría General. Este proceso asegura que las reformas priorizadas avancen en los plazos establecidos y cumplan con los procedimientos legislativos contemplados en la LOFL.
La resolución refleja el compromiso de la Comisión de Justicia con la modernización del marco legal ecuatoriano. Según datos oficiales, el 70% de las iniciativas priorizadas ya cuentan con avances significativos. El avance permitirá agilizar su discusión en el Pleno durante el período 2025-2027.
Importancia de las reformas
La aprobación de este plan se produce en un momento clave para el sistema judicial ecuatoriano, que enfrenta retos como la mora judicial, la necesidad de mayor independencia y la demanda de procesos más transparentes. Las reformas propuestas buscan responder a estas problemáticas, fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones. Con 135 iniciativas en trámite, la Comisión de Justicia asume un rol protagónico en la reestructuración del marco legal del país.
