El prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, desestimó el 21 de mayo de 2025 que los recursos recaudados por el peaje de la carretera Portoviejo-Montecristi se destinen a la nómina de Manabí Vial, en respuesta a críticas de activistas y transportistas en Portoviejo. La controversia surge por el supuesto mal estado de la vía y el uso de los fondos, que ascienden a $289.281 mensuales para pagar a 289 empleados.

Cuestionamientos a la gestión de Manabí Vial

La empresa pública Manabí Vial, creada en 2010 por el Gobierno Provincial de Manabí (GPM), administra los recursos del peaje de la carretera Portoviejo-Montecristi, una vía delegada al GPM desde 2006. Según un informe entregado a El Diario, la empresa cuenta con 289 funcionarios: 204 obreros, 83 administrativos y 2 por servicios prestados, con un costo mensual de $289.281 en salarios.

Activistas cívicos y dirigentes del sector del transporte han cuestionado la gestión de estos fondos, alegando que el mantenimiento de la carretera es insuficiente. Los críticos sugieren que una parte significativa de la recaudación del peaje se destina a cubrir la nómina de Manabí Vial, en lugar de invertirse en mejoras viales.

El prefecto Leonardo Orlando negó estas acusaciones, asegurando que los recursos del peaje no se utilizan regularmente para pagar salarios. Sin embargo, admitió que en “momentos difíciles”, como en 2024, se recurrió a estos fondos para cumplir con obligaciones, como la compra de asfalto para la carretera Manta-Rocafuerte y el pago de salarios durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.

Uso temporal de recursos y defensa de la vía

Orlando explicó que el uso de los fondos del peaje para gastos operativos, como la nómina, fue una medida temporal debido a retrasos en las transferencias del gobierno central, que acumulan $50 millones adeudados, de los cuales $28 millones corresponden a asignaciones corrientes. “Tan pronto se restituyan los flujos, los recursos vuelven a su destino claro y seguro”, afirmó el prefecto.

Además, defendió el estado de la carretera Portoviejo-Montecristi, destacando que está en buenas condiciones y que para 2025 se ha planificado una inversión de $4,5 millones en su mantenimiento. Según Orlando, esta vía, que conecta dos de los principales centros urbanos de Manabí, recibe atención constante para garantizar su operatividad.

El prefecto también resaltó que Manabí Vial opera con dos unidades de negocio: una dedicada a la administración de la vía delegada y otra enfocada en la construcción de infraestructura, similar a la extinta Manabí Construye. Esta estructura, según Orlando, optimiza recursos al integrar funciones que antes requerían dos entidades separadas.

Transparencia y propuestas de fiscalización

Ante las críticas, Orlando aseguró que el GPM está comprometido con la transparencia. “Siempre vamos a rendir cuentas. Las puertas de la prefectura y las empresas públicas están abiertas para todos”, señaló. Además, se mostró favorable a la propuesta de El Diario de implementar una veeduría ciudadana para supervisar la gestión de los recursos de Manabí Vial.

El prefecto también mencionó la posibilidad de crear un fideicomiso para administrar los ingresos del peaje, si se considera necesario. “Estamos prestos a dialogar y a garantizar que los procesos sean claros”, afirmó. Según Orlando, el plan de inversión de Manabí Vial ha sido publicitado y está disponible para consulta pública.

Contexto de la gestión vial en Manabí

La provincia de Manabí depende de una red vial estratégica para conectar sus principales ciudades, como Portoviejo, Montecristi, Manta y Rocafuerte. Desde 2006, el GPM asumió la administración de varias carreteras delegadas por el gobierno central, incluyendo la Portoviejo-Montecristi, una de las más transitadas de la región.

La creación de Manabí Vial en 2010 buscó centralizar la gestión de estas vías, mientras que la reforma de su ordenanza en 2019 amplió sus funciones para incluir el mantenimiento y la construcción de infraestructura. Sin embargo, los retrasos en las transferencias del gobierno central han generado tensiones financieras, afectando proyectos clave como el mantenimiento de carreteras.

Compromiso con el desarrollo provincial

El prefecto Orlando destacó que los recursos del peaje tienen como prioridad el mantenimiento de la vía Portoviejo-Montecristi, pero también se destinan a otros proyectos de infraestructura que beneficien a Manabí. La finalización de la carretera Manta-Rocafuerte en 2024, contratada por el Ministerio de Transporte, es un ejemplo de los esfuerzos de Manabí Vial para cumplir con sus compromisos, a pesar de las limitaciones presupuestarias.

La propuesta de una veeduría ciudadana y la posible creación de un fideicomiso reflejan un intento de las autoridades por responder a las preocupaciones de la ciudadanía y garantizar una gestión transparente. Mientras tanto, la inversión de $4,5 millones programada para 2025 busca mantener la carretera en óptimas condiciones, asegurando la conectividad y el desarrollo económico de la provincia.

Perspectivas futuras

El debate sobre la gestión de Manabí Vial pone de manifiesto la importancia de la infraestructura vial para el desarrollo de Manabí. Las autoridades provinciales, lideradas por Orlando, buscan equilibrar las necesidades operativas con la transparencia en el manejo de los recursos públicos. La apertura a mecanismos de fiscalización, como la veeduría ciudadana, podría fortalecer la confianza de los ciudadanos en la gestión de los peajes.

Por ahora, el GPM y Manabí Vial continuarán trabajando para garantizar el mantenimiento de la carretera Portoviejo-Montecristi, mientras se gestionan los recursos adeudados por el gobierno central. La implementación de medidas como el fideicomiso podría ser un paso clave para mejorar la administración de los ingresos y responder a las demandas de los activistas y transportistas.

En la actualidad el GPM y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), se enfrentan en un proceso legal que surgió luego de que la entidad estatal notificara la terminación del contrato de delegación vial de la carretera mencionada. La vía está en manos del GPM. No obstante, las partes están a la espera de la resolución final de un Juez que acogió una acción de protección presentada por el sindicato de trabajadores de Manabí Vial.