La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONU) advirtió este martes 20 de mayo de 2025 sobre los graves riesgos de delincuencia y corrupción derivados de la creciente demanda de minerales y oro, lo que está impulsando la minería ilegal con serios daños sociales, económicos y medioambientales en regiones como Latinoamérica, con Ecuador como un foco principal.
Desarrollo:
El informe de la ONU, titulado ‘Estudio de delitos relacionados con la minería’, expone una implicación cada vez mayor de grupos de delincuencia organizada en la extracción ilegal de metales. Esta situación se agrava en el contexto actual de desarrollo económico y la triple crisis planetaria (cambio climático, contaminación y pérdida de biodiversidad), donde la minería se ha convertido en una actividad crucial.
El documento resalta cómo, a diferencia del narcotráfico, la minería ilegal permite a las organizaciones criminales transnacionales beneficiarse de una cadena de suministro legal, facilitando la ocultación de su participación al mezclar actividades ilegales con el comercio legítimo. Esta revelación subraya la complejidad y el desafío que representa el combate contra esta actividad ilícita.
Conexión entre minería ilegal y crimen organizado
Sudamérica, rica en yacimientos de litio, cobre, plata y oro, ha sido identificada como uno de los principales focos de la minería ilegal, donde los grupos narcotraficantes obtienen grandes beneficios. La ONU ha documentado que estas bandas criminales han establecido «intrincadas redes transnacionales», utilizando empresas fantasma y corporaciones en varios países de la región para blanquear ganancias ilícitas.
En el caso específico de Ecuador, la organización advierte que ya existen evidencias de que grupos delictivos controlan la extracción de oro y extorsionan a mineros, actividades que se suman al narcotráfico y el contrabando de armas. Este panorama destaca la diversificación de las operaciones criminales y su impacto multifacético en la seguridad y la gobernabilidad.
Impacto en Ecuador: un escenario crítico
La situación en Ecuador es particularmente tensa, especialmente tras la reciente masacre en Orellana, donde 11 militares fueron asesinados mientras intentaban intensificar operativos contra la minería ilegal. Este trágico evento subraya la violencia asociada a esta actividad y la incursión de grupos como los Comandos de la Frontera, que, según informes, estarían detrás de este ataque.
Desde 2019, la minería ilegal ha devastado cerca de 1.500 hectáreas de bosques selváticos en la zona del río Punino, de acuerdo con un reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) difundido en septiembre de 2024. Este daño ambiental irreparable se suma a las implicaciones sociales y económicas, creando un círculo vicioso de deterioro y violencia en las comunidades afectadas.
Demanda de minerales y riesgos crecientes
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima que la demanda de «minerales críticos» como cobre, litio, níquel, cobalto y tierras raras se duplicará para 2030 y se triplicaría para 2050. Este aumento en la demanda, si supera la oferta, puede generar un terreno fértil para que los actores criminales se infiltren, exploten y distorsionen las cadenas de suministro, e incluso lleguen a controlar los lugares de extracción. La ONUDD enfatiza la urgencia de mejorar el control de la cadena de la minería para mitigar estos riesgos.
Angela Me, jefa de Investigación y Análisis de la ONU, subraya la necesidad de «mejores datos para detectar y responder rápidamente a la explotación criminal del sector minero», junto con una legislación y normas más armonizadas a nivel mundial. La debida diligencia y la trazabilidad de los minerales críticos, junto con respuestas específicas de las fuerzas del orden, son esenciales para garantizar la seguridad de las cadenas de suministro de estos minerales vitales para la transición energética global.
