El 16 de mayo de 2025, el presidente Donald Trump expresó su indignación en Truth Social, criticando un fallo del Tribunal Supremo que impide el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportaciones de migrantes de manera rápida. Según Trump, la decisión obliga a que “los peores asesinos, narcotraficantes, pandilleros e incluso aquellos con problemas mentales” enfrenten un “proceso legal largo, prolongado y costoso” antes de ser expulsados, retrasando los planes de su administración. Trump afirmó que el fallo frustra su mandato electoral, acusando a los jueces de limitar su capacidad para proteger al país. También criticó al expresidente Joe Biden, a quien responsabilizó por permitir la entrada de “millones de extranjeros ilegales, incluidos criminales”, sin control.

Trump elogió a los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito, quienes se opusieron al fallo en una votación de 7 a 2, por “intentar proteger a nuestro país”. Calificó la jornada como un “día malo y peligroso” para Estados Unidos, advirtiendo sobre graves consecuencias para la seguridad nacional. Su mensaje busca movilizar a su base electoral, que apoya políticas migratorias estrictas. Mientras genera debate sobre el rol del poder judicial en equilibrar la seguridad y el debido proceso.

Contexto del fallo y la Ley de Enemigos Extranjeros

El 16 de mayo de 2025, el Tribunal Supremo de Estados Unidos bloqueó el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportaciones de migrantes rápidas, determinando que los migrantes sujetos a expulsión deben contar con más tiempo para defenderse. La ley, utilizada por la administración Trump para deportar a venezolanos presuntamente vinculados al Tren de Aragua, permitía notificaciones de expulsión con solo 24 horas de plazo. Los jueces, en una votación de 7 a 2, argumentaron que la aplicación de esta legislación, diseñada para tiempos de guerra, no cumple con los estándares modernos de debido proceso, priorizando mayores protecciones legales para los afectados.

La decisión se produce en medio de un intenso debate nacional sobre migración y seguridad. La ACLU y otros grupos celebraron el fallo como una victoria para el debido proceso. Mientras que sectores conservadores lo consideran un obstáculo para controlar la migración ilegal. El caso subraya la tensión entre las políticas migratorias estrictas de Donald Trump y las garantías legales para los migrantes en Estados Unidos.

En sus 100 primeros días de mandato, Trump deportó un total de 142.000 personas. Esto como parte de su objetivo de expulsar a 1 millón de inmigrantes de Estados Unidos. MV