Este lunes 12 de mayo de 2025, la jueza federal Dabney Friedrich en Washington D.C. decidió no bloquear un plan de la administración de Donald Trump que permite al Servicio de Impuestos Internos (IRS) compartir datos de contribuyentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para localizar y deportar inmigrantes indocumentados. La medida busca facilitar deportaciones masivas.
El acuerdo entre el IRS y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), finalizado en abril de 2025, permite a ICE enviar nombres y direcciones de personas sospechosas de residir sin autorización en EE.UU. para que el IRS confirme si coinciden con registros fiscales, especialmente de quienes usan el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN).
Este número es utilizado por 4.4 millones de inmigrantes indocumentados que pagaron $23.600 millones en impuestos en 2015, según el American Immigration Council.
La administración Trump argumenta que el plan se enfoca en personas con órdenes de deportación y está diseñado para cumplir con leyes que permiten compartir datos en investigaciones criminales.
Reacción y oposición legal
Organizaciones como el Centro de Trabajadores Unidos y Immigrant Solidarity DuPage presentaron una demanda contra el Departamento del Tesoro y el IRS, argumentando que la ley federal prohíbe divulgar datos fiscales a autoridades migratorias, según la sección 6103 del Código de Rentas Internas.
La jueza Friedrich denegó una orden de emergencia, afirmando que los demandantes no probaron un riesgo inmediato de violación legal.
Cuestionan a Trump
La decisión de Friedrich marca un precedente al permitir que el IRS colabore con ICE, aunque el acuerdo limita la información a confirmaciones de direcciones.
Esto podría afectar a millones de inmigrantes que usan ITIN, quienes históricamente confiaron en la confidencialidad de sus datos fiscales.
Debate sobre las deportaciones de Donal Trump
El fallo ocurre en un contexto de políticas migratorias estrictas impulsadas por Trump, quien prometió deportar a un millón de inmigrantes indocumentados en 2025.
Sin embargo, obstáculos legales y financieros han generado escepticismo sobre la viabilidad de esta meta, según analistas y exfuncionarios de inmigración.
La confidencialidad fiscal, protegida por décadas, enfrenta cuestionamientos. Organizaciones de derechos civiles advierten que la medida podría desincentivar a inmigrantes a pagar impuestos, afectando la recaudación federal, estimada en $89.900 millones en 2023 por contribuciones de indocumentados.
Próximos pasos para los indocumentados
La demanda contra el IRS y el DHS continuará en los tribunales, aunque la negativa de Friedrich a emitir una orden preliminar sugiere que el acuerdo seguirá vigente mientras se resuelve el caso. Los defensores de inmigrantes planean apelar, buscando proteger la privacidad de los contribuyentes.
