El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el pasado domingo 4 de mayo, un plan para reabrir y expandir la prisión de Alcatraz, en San Francisco, con el objetivo de albergar a delincuentes violentos.
Trump comunicó a través de su plataforma Truth Social que ha instruido a la Oficina de Prisiones, el Departamento de Justicia, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional para trabajar en la reapertura de Alcatraz, cerrada desde 1963. El mandatario describió la prisión como un futuro «símbolo de ley, orden y justicia» para confinar a los «delincuentes más violentos» del país. Sin embargo, al regresar a la Casa Blanca desde Florida, Trump matizó ante reporteros que la propuesta es «solo una idea» motivada por su percepción de obstáculos legales en procesos de deportación.
No se especificaron plazos ni costos estimados para el proyecto. Un portavoz de la Oficina de Prisiones confirmó que la agencia cumplirá las órdenes presidenciales y que el director, William K. Marshall III, ordenó una evaluación inmediata para determinar los pasos a seguir.
Donald Trump sobre Alcatraz
Alcatraz, ubicada en una isla en la bahía de San Francisco, operó como prisión federal desde 1934 hasta 1963, cuando cerró debido a los altos costos operativos. Todo, desde agua potable hasta alimentos, debía transportarse por barco. Actualmente, la isla es un parque nacional administrado por el Servicio de Parques Nacionales y recibe aproximadamente 1.2 millones de visitantes anuales como atracción turística.
Reacciones y desafíos logísticos
La propuesta de Donald Trump ha generado críticas. La ex presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, cuyo distrito incluye Alcatraz, calificó la idea como «no seria», destacando su valor como sitio turístico. El senador estatal Scott Wiener la describió como «absurda», señalando conflictos con el estado de derecho.
Expertos han resaltado los desafíos del proyecto. El profesor Gabriel Jack Chin, de la Escuela de Derecho de la Universidad de California, explicó que modernizar Alcatraz para cumplir con estándares penitenciarios actuales requeriría una inversión significativa. Además, el sistema penitenciario federal cuenta con capacidad disponible en otras instalaciones, lo que cuestiona la necesidad de reabrir la prisión.
Implicaciones administrativas y legales
La jurisdicción de Alcatraz plantea interrogantes, ya que su administración actual corresponde al Servicio de Parques Nacionales, no a la Oficina de Prisiones. No se ha aclarado cómo se gestionaría esta transición ni si el proyecto implicaría cambios legislativos. La evaluación ordenada por la Oficina será clave para determinar la viabilidad del plan.
El anuncio de Donald Trump sobre Alcatraz, aunque preliminar, ha abierto un debate sobre la logística, los costos y el impacto de convertir un sitio turístico en una prisión activa. La falta de detalles concretos mantiene la propuesta en el ámbito de la especulación.
