La alta tasa de informalidad laboral en Ecuador, que supera el 50 %, evidencia no solo la falta de empleo adecuado, sino también la necesidad de modernizar un marco legal que ya no responde a las condiciones del mundo actual.
El país requiere una legislación laboral más flexible, que impulse tanto la inversión como la generación de trabajo digno.
El Código del Trabajo tiene más de ocho décadas. Fue pensado para una época con dinámicas distintas a las actuales, en las que la tecnología, el teletrabajo y la economía colaborativa no existían. Hoy, las relaciones laborales son diferentes y exigen normas que reconozcan esta evolución.
Una legislación moderna debe facilitar la contratación, pero también permitir desvinculaciones laborales sin trabas innecesarias. La rigidez en este campo ha generado efectos adversos: menos empleos formales y más precarización.
Las reformas laborales son necesarias y urgentes. Solo con reglas claras y adaptadas a la realidad, el país podrá atraer inversión y reducir la informalidad.
Junto con ello, el Gobierno debe crear condiciones para fomentar nuevas plazas laborales, simplificar trámites y ofrecer incentivos que dinamicen la economía desde lo productivo.
