El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dictaminó la suspensión de los derechos políticos de Priscila Schettini, asambleísta electa por Revolución Ciudadana (RC). La sanción, que se extiende por tres años, impide que Schettini asuma su cargo legislativo el próximo 14 de mayo. Además, el TCE la obliga a pagar una multa de cincuenta salarios básicos unificados. La suspensión de Schettini se debe a la comisión de violencia política de género con tintes racistas contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar. La decisión del TCE marca un precedente significativo en la lucha contra la violencia política.

En el mismo caso, identificado como No. 250-2023-TCE, la abogada Angélica Porras también recibió una sanción. El TCE suspendió sus derechos políticos por dos años y le impuso una multa de treinta salarios básicos unificados. Tanto Schettini como Porras fueron declaradas responsables de una infracción electoral muy grave. Esta infracción electoral se encuentra contemplada en el artículo 279 del Código de la Democracia. La sanción a Porras complementa la decisión contra Schettini.

Detalles de la sentencia contra Priscila Schettini y la abogada

La denuncia presentada ante el TCE detalla que Priscila Schettini y Angélica Porras promovieron una iniciativa para exigir la renuncia de Diana Salazar, fiscal general del Estado, durante el año 2023. La sentencia fue aprobada por los jueces Joaquín Viteri, Ángel Torres, y los conjueces Edgar Toro Calderón y Álvaro Ojeda. La jueza Ivonne Coloma emitió un voto salvado. La denuncia contra Priscila Schettini y Porras se basó en actos de violencia política. La sentencia del TCE fue aprobada por la mayoría de los jueces.  

Esta sentencia es de última instancia, lo que significa que solo caben acciones horizontales de ampliación o aclaración. Estas acciones no modificarán el fondo de la sanción impuesta por el TCE. La última instancia del proceso legal asegura la firmeza de la decisión. La sanción firme contra Schettini y Porras reafirma la gravedad de sus acciones.

Resolución del caso y consecuencias políticas

La denuncia fue presentada por la titular de la Fiscalía, Diana Salazar Méndez. El juez electoral Fernando Muñoz Benítez sustanció el caso en primera instancia. Determinó que Schettini y Porras incurrieron en actos sistemáticos de violencia política de género. Estos actos afectaron la imagen personal y profesional de la fiscal, con el objetivo de incitarla a renunciar. El juez Muñoz determinó la culpabilidad de ambas acusadas. La violencia política fue el eje central de la denuncia.

El magistrado sancionó a Priscila Schettini con una multa de 50 salarios y la suspensión de sus derechos de participación política por tres años. A Porras le impuso una multa de 30 salarios  y la suspensión de sus derechos de participación política por dos años. La multa a Priscila Schettini y Porras fue parte de la sanción. La suspensión de derechos políticos afecta su participación en futuras elecciones.

Esta sentencia del juez electoral Fernando Muñoz fue ratificada por el pleno del TCE en una sesión desarrollada el 1 de mayo del 2025. El pleno del TCE confirmó la sanción impuesta. Sin embargo, se eliminaron las medidas de reparación dispuestas en primera instancia contra el colectivo Acción Jurídica Participa. Priscila Schettini, asambleísta nacional electa por el movimiento político Revolución Ciudadana (RC), no podrá asumir su cargo debido a esta sentencia. La ratificación del TCE consolida la sanción. La imposibilidad de asumir el cargo tiene consecuencias políticas significativas.