Una mujer de 27 años permanece hospitalizada y teme por su vida, tras ser brutalmente agredida por su expareja, Luis Alejandro R., de 31 años. Ocurrió en un violento episodio ocurrido el pasado 21 de abril en la cooperativa Los Ceibos, de Santo Domingo de los Tsáchilas. El ataque, captado en video y difundido ampliamente en redes sociales, muestra al agresor golpeando, insultando y amenazando a la víctima con un cuchillo, además de llevarse a su hija de dos años.

Está internada y teme por su vida

La madre de la víctima relató que el agresor ingresó sin autorización a la vivienda, aprovechando que un inquilino salía. Subió al segundo piso, rompió la puerta del dormitorio y, armado con cuchillos, despertó a la joven con golpes en el estómago que la dejaron sin aliento. Al intentar huir, su agresor la alcanzó antes de poder abrir el portón, momento que quedó registrado en el video viral. Posteriormente, el hombre subió nuevamente y se llevó a la menor, mientras la madre, debilitada por los golpes, no pudo impedirlo.

«Mi hija vomita sangre, tiene el cuerpo adolorido y no puede abrir bien los ojos», expresó la madre, quien también manifestó temor por la seguridad de sus nietos y por la suya y la de su esposo, ya que en el video el agresor también los amenaza.

Condena considerada insuficiente

Tras la detención de Luis Alejandro R. por parte de la Policía, se realizó una audiencia en la que, basándose en un informe médico que otorgó a la víctima tres días de incapacidad, se le impuso una condena de 28 días de prisión por violencia intrafamiliar. La familia considera esta sentencia como injusta, dada la gravedad de la agresión y las amenazas proferidas. «No es justo lo que ha pasado. Debería juzgársele por intento de asesinato y secuestro«, afirmó la madre, señalando que se llevó la menor en contra de la voluntad de su madre.

La víctima está internada en una casa de salud y se le realizan exámenes. Mientras su familia teme que, una vez cumplida la breve condena, el agresor pueda tomar represalias. La situación ha generado indignación en la comunidad, que exige una revisión del caso y una condena acorde a la gravedad de los hechos. Se conoció que la víctima recibe acompañamiento y asesoría por parte del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos (CCPD) de Santo Domingo y ayudarla en este proceso (5).