El viernes 28 de marzo de 2025, el pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en una sesión extraordinaria en Quito, suspendió por dos años los derechos de participación de la vicepresidenta Verónica Abad Rojas, tras confirmar su responsabilidad en un caso de violencia política de género denunciado por la canciller Gabriela Sommerfeld, con el objetivo de sancionar una infracción electoral grave.

En una plenaria que inició pasadas las 21h00 del 28 de marzo, el TCE resolvió un recurso horizontal con tres votos a favor. Estos vinieron de los jueces Ivonne Coloma, Ángel Torres Maldonado y Joaquín Viteri, quien fue el ponente. La sanción incluye para Verónica Abad, la suspensión de derechos de participación por dos años, una multa de $14.000 (equivalente a 30 salarios básicos) y una disculpa pública a Sommerfeld, a publicarse en un diario nacional. La decisión se fundamentó en el Código de la Democracia, que califica esta conducta como infracción muy grave.

La medida impide a Abad votar en la segunda vuelta electoral del 13 de abril de 2025, postularse a cargos públicos o desempeñar funciones estatales, incluyendo su rol como vicepresidenta. El Ministerio del Trabajo registrará esta inhabilidad, mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) la excluirá del Registro Electoral durante el periodo de la sanción. En otros términos, deberá hacer su salida como vicepresidenta de Ecuador a partir del lunes 31 de marzo.

Verónica Abad responde ante la medida del TCE

Verónica Abad se pronunció desde Ankara, Turquía, donde cumple funciones diplomáticas. En un mensaje difundido en redes sociales el 29 de marzo, afirmó: “Suspender mis derechos políticos no equivale a destituirme del cargo encomendado por el pueblo en las urnas. El TCE no puede cesar a una autoridad electa por voto popular; esa competencia está reservada a la Asamblea Nacional mediante juicio político. Esto es un fraude constitucional que denuncio ante el mundo, y buscaré apoyo internacional para defender la voluntad popular que me eligió”. Abad calificó la decisión como un “golpe judicial” orquestado por el gobierno de Daniel Noboa y anunció que acudirá a instancias como la Corte Constitucional y organismos internacionales.

Contexto del caso y efectos inmediatos

Los jueces Richard González y Fernando Muñoz emitieron un voto salvado en contra. Muñoz argumentó que la suspensión constituye una “remoción indirecta” de Abad, al afectar su mandato popular sin seguir el procedimiento del artículo 129 de la Constitución. Señaló que, tras tres meses de ausencia temporal, podría derivar en su salida definitiva del cargo.

La denuncia de Sommerfeld contra Abad se originó en un fallo inicial del juez Guillermo Ortega, ratificado en apelación el 24 de marzo. La defensa de Abad solicitó aclarar si la sanción implicaba su separación inmediata como vicepresidenta. El TCE precisó que la medida se limita a los derechos de participación establecidos en el artículo 61 de la Constitución, sin extenderse a otros derechos fundamentales.

Esto ocurre a 15 días de la segunda vuelta electoral, donde el presidente Daniel Noboa busca la reelección frente a Luisa González.