El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, denunció este lunes 31 de marzo que los traslados de migrantes venezolanos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador constituyen crímenes de lesa humanidad. La administración de Donald Trump ejecutó la deportación de 17 personas, a quienes vinculó con bandas criminales, mientras Venezuela alega que la medida viola tratados internacionales.

Venezuela denuncia violaciones a tratados internacionales

El Ministerio Público venezolano sostiene que los traslados violan el Estatuto de Roma y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU. Saab afirmó que los deportados fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, además de haber sido privados ilegalmente de su libertad.

El fiscal denunció que 250 venezolanos ya han sido deportados en estas condiciones y enfatizó que «ninguno está dentro de la lista de las órdenes de aprehensión con alerta roja de Interpol». Además, señaló que a 15 personas fueron enviadas a El Salvador en la madrugada del lunes, supuestamente en condiciones deplorables.

EE.UU. justifica la deportación como medida de seguridad

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, defendió la operación como parte de una estrategia antiterrorista. Según Rubio, los deportados serían “violentos criminales”, incluyendo miembros del Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13), vinculados con homicidios y otros delitos graves.

Estados Unidos ya había expulsado este mes a más de 200 migrantes hacia El Salvador, pese a la intervención de un juez federal que intentó detener la medida. El expresidente Donald Trump criticó la decisión judicial y llevó el caso hasta el Tribunal Supremo, buscando respaldo legal para las expulsiones.

Nicolás Maduro rechaza las acusaciones contra migrantes venezolanos

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, rechazó la deportación y aseguró que la migración venezolana es económica, compuesta por «gente decente y trabajadora». Además, condenó la narrativa estadounidense que vincula a los migrantes con grupos criminales.

El Departamento de Justicia de EE.UU. ha argumentado que estas expulsiones se amparan en la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación del siglo XVIII que permite al presidente tomar medidas excepcionales en contextos de seguridad nacional.