El director encargado de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), José Julio Neira, aseguró este martes 5 de agosto de 2025 que el proyecto de Ley para el Control de Flujos Irregulares de Capitales no tiene como finalidad perseguir a las organizaciones de la sociedad civil. Así lo manifestó durante su comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Este inició el trámite del proyecto enviado por el presidente Daniel Noboa con el carácter de económico urgente.
La sesión legislativa, presidida por la asambleísta Valentina Centeno (ADN), arrancó pasadas las 15h00 y tuvo como eje la presentación de los alcances del proyecto por parte del titular de la UAFE. En su intervención, Neira señaló que el objetivo es mejorar los mecanismos de control financiero. Asimismo, prevenir posibles usos ilícitos de fondos en fundaciones y ONG que operan en el país.
“Control no es persecución”
Neira enfatizó que la propuesta legal no busca criminalizar la participación ciudadana, sino fortalecer la transparencia en el manejo de recursos. Especialmente en aquellas organizaciones que canalizan fondos del exterior o a través de terceros. Según explicó, el proyecto incluye la creación de un registro financiero obligatorio para las ONG, la obligación de reportar actividades sospechosas, y la coordinación con entidades de control como la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y el Ministerio de Gobierno.
“El enfoque no es excesivo; es necesario y proporcional”, dijo Neira. Añadió que cada organización será evaluada bajo parámetros técnicos, con el fin de identificar riesgos y establecer requerimientos claros, sin que eso implique una persecución o limitación a su labor.
Cuestionamientos desde la oposición
Durante la sesión, la asambleísta del correísmo Liliana Durán expresó su preocupación por el alcance de la normativa. Consideró que el proyecto podría derivar en un control político sobre las organizaciones sociales, lo cual, a su juicio, podría criminalizar la participación ciudadana y dar herramientas al Ejecutivo para perseguir a la sociedad civil.
Frente a estas observaciones, Neira reiteró que muchas entidades sin fines de lucro pueden ser utilizadas como canales para el desvío de fondos ilícitos. Por lo que el control propuesto es una medida preventiva y necesaria en el contexto actual del país.
Apoyo técnico y cifras
La Comisión también recibió a Freddy Monje, intendente general técnico, y a Marcelo Jara, director de Prevención del Lavado de Activos, delegados de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Ambos coincidieron en que la ley busca establecer una rendición de cuentas clara por parte de las fundaciones que actualmente operan sin un marco de supervisión efectivo.
De acuerdo con los delegados, actualmente la Superintendencia supervisa 398 entidades financieras, como cooperativas de ahorro y crédito. También alrededor de 17.000 organizaciones, entre cooperativas de producción, transporte, vivienda y otras. Con la aprobación del proyecto de ley, se prevé extender el control y supervisión a unas 60.000 fundaciones y organizaciones de la sociedad civil en todo el país.
Próximos pasos
La Comisión de Desarrollo Económico deberá analizar y tramitar el proyecto en un plazo de 30 días. Esto, conforme al procedimiento establecido para las leyes de carácter económico urgente. En la agenda de la sesión también estaba prevista la comparecencia de la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, quien no acudió.
Mientras avanza el debate, el Gobierno sostiene que la regulación no implica restricción. Es decir, mecanismo de control técnico y financiero para prevenir posibles delitos económicos y proteger la legalidad del sistema financiero ecuatoriano.
