El Gobierno de EE.UU. presentó una solicitud al Tribunal Supremo para que avale la anulación del TPS que protege a 350.000 venezolanos de la deportación. Esta protección, instaurada durante la presidencia de Joe Biden en 2021 y extendida en 2023, permite a los beneficiarios trabajar legalmente y residir en el país sin riesgo de expulsión. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ordenó en febrero de 2025 la cancelación del programa, pero un juez federal detuvo la medida a finales de marzo.
La administración Trump argumenta que el fallo judicial limita la autoridad del poder ejecutivo sobre la política migratoria. Según un informe de CBS News, el Gobierno sostiene que el dictamen obliga a permitir la permanencia de cientos de miles de venezolanos, lo que consideran “contrario a los intereses nacionales”. La solicitud busca revertir la decisión para proceder con posibles deportaciones.
Estatus de Protección Temporal a venezolanos
El TPS fue establecido por el Congreso en 1990 para proteger a inmigrantes de países en crisis, como desastres naturales o conflictos civiles. Actualmente, beneficia a cerca de 1 millón de personas de 17 países, siendo los venezolanos uno de los grupos más numerosos. La extensión otorgada por Biden en enero de 2025 garantizaba la protección hasta octubre de 2026, pero el plan de Trump preveía su finalización el 7 de abril de 2025.
Frenos judiciales
A finales de marzo de 2025, un juez federal emitió un fallo que mantuvo el TPS para los venezolanos, bloqueando los planes de deportación de la administración Trump. Este dictamen, según el Gobierno, interfiere con la capacidad del ejecutivo para gestionar la inmigración. La apelación al Supremo busca resolver esta disputa, con implicaciones para miles de migrantes que podrían perder su derecho a trabajar y enfrentar la deportación.
Impacto en la comunidad venezolana
Más de uno de cada cuatro venezolanos ha abandonado su país debido a la crisis política y económica, según Naciones Unidas. En EE.UU., los beneficiarios del TPS enfrentan incertidumbre. La revocación del programa podría afectar a 600.000 venezolanos, incluidos aquellos bajo la designación de 2021, que mantendrían protección hasta septiembre de 2025, y los de 2023, hasta el 2 de abril de 2026.
Opciones legales limitadas
Los venezolanos afectados podrían solicitar asilo o una visa U para víctimas de crímenes, pero estas alternativas son limitadas. El asilo requiere demostrar persecución, y la visa U tiene un cupo anual de 10.000. La falta de relaciones diplomáticas entre EE.UU. y Venezuela complica las deportaciones, pero no las impide.
