El presidente Donald Trump anunció el envío de la Guardia Nacional a las ciudades de Compton y San Bernardino, cercanas a Los Ángeles, en respuesta a protestas contra las redadas y detenciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
En una publicación en Truth Social, Trump afirmó: “Estos disturbios ilegales solo refuerzan nuestra determinación”, y ordenó a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y a la fiscal general, Pam Bondi, tomar medidas para “liberar a Los Ángeles de la invasión migratoria y poner fin a estos disturbios migratorios”.
Este despliegue marca la primera vez en 60 años que un presidente estadounidense moviliza a la Guardia Nacional sin la solicitud del gobernador del estado.
El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó la medida como una “provocación” y una violación de la soberanía estatal. En una carta enviada al jefe del Pentágono, Newsom exigió revocar el despliegue militar y devolver el control de la Guardia Nacional al estado, argumentando que la decisión no fue coordinada con su oficina, como establece la ley.
“No hay necesidad de desplegar a la Guardia Nacional en Los Ángeles, y hacerlo de esta manera ilegal y durante un período tan prolongado constituye una grave violación de la soberanía estatal”, escribió Newsom.
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Reacciones y tensiones políticas
Newsom instó a la población a evitar la violencia durante las protestas para “no dar a Trump lo que quiere”. En su carta, señaló que el despliegue es “incompatible con el memorándum del presidente, que prevé la ‘coordinación con los gobernadores de los estados’” para identificar y ordenar a las unidades de la Guardia Nacional.
El gobernador defendió la capacidad de la Policía local y del condado para manejar las protestas, argumentando que la intervención federal agrava la situación.
En apoyo a Newsom, 22 gobernadores demócratas emitieron un comunicado conjunto condenando el despliegue como “un alarmante abuso de poder”.
Criticaron las declaraciones del secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien el pasado sábado no descartó enviar a los marines. Afirmó que tales amenazas “socavan la misión de nuestros militares». También sostuvo que erosionan la confianza pública y demuestran que la Administración Trump no confía en las fuerzas del orden locales.
Los gobernadores expresaron su respaldo a Newsom, destacando que “la violencia es inaceptable” y que las autoridades locales deben poder operar sin interferencias federales.
Contexto de las protestas
Las protestas en Los Ángeles surgieron en respuesta a las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), intensificadas bajo la administración de Trump. Las manifestaciones del 6 de junio en Los Ángeles involucraron a más de 1.000 personas que rodearon un edificio federal, enfrentándose a oficiales de ICE.
El director interino de ICE, Todd Lyons, describió los incidentes como “asaltos violentos” contra oficiales federales, destacando que los agentes fueron superados en número.
La administración Trump ha defendido las redadas como una medida para combatir la inmigración ilegal. Por otra parte los críticos, incluidos líderes demócratas, argumentan que estas acciones generan tensión social y violan derechos humanos. Las protestas son un punto de fricción recurrente en California, un estado con una gran población inmigrante.
Implicaciones y desafíos
El despliegue de la Guardia Nacional ha avivado el debate sobre el equilibrio entre la autoridad federal y estatal en Estados Unidos.
La decisión de Trump de actuar sin la aprobación de Newsom rompe con la práctica habitual, ya que la Guardia Nacional suele ser desplegada a solicitud de los gobernadores para emergencias como desastres naturales o disturbios civiles.
La medida también ha generado preocupaciones sobre una posible escalada de tensiones en Los Ángeles, una ciudad con antecedentes de disturbios relacionados con cuestiones sociales y raciales, como los disturbios de 1992 tras el caso Rodney King.
Perspectivas futuras
La situación en Los Ángeles permanece bajo observación, con llamados de líderes locales y nacionales a reducir las tensiones. Newsom ha enfatizado la importancia de que las protestas se mantengan pacíficas, mientras que la administración Trump insiste en que las redadas de ICE y el despliegue de la Guardia Nacional son necesarios para mantener el orden y hacer cumplir las leyes migratorias.
La disputa entre el gobierno federal y California podría tener implicaciones políticas y legales a largo plazo, especialmente en un contexto de polarización sobre la inmigración en Estados Unidos.
