El Tribunal de Garantías Penales de Portoviejo sentenció a 40 años de prisión a Maikyn P., declarado culpable del asesinato cometido el 6 de diciembre de 2024 en el sector San Pablo.
El ataque armado, con 18 impactos de bala, fue cometido por el sentenciado y una menor de edad. Ambos interceptaron a la víctima y huyeron tras el hecho. La condena se basa en evidencias presentadas por la Fiscalía General del Estado.
Investigación y captura de los implicados
El crimen se registró en el sector San Pablo, en la ciudad de Portoviejo. Según la investigación, Maikyn P. y un menor de edad llegaron en motocicleta, interceptaron a la víctima y le dispararon en múltiples ocasiones, causando su muerte. Luego huyeron del lugar y abandonaron la motocicleta y prendas en la ciudadela Cevallos.
Agentes de la Policía Nacional recopilaron información valiosa a partir de imágenes captadas por cámaras de seguridad públicas y privadas. Así se identificó a los sospechosos. Luego se coordinó un operativo de allanamiento en el que fueron aprehendidos.
Durante la audiencia de juicio, la Fiscalía General del Estado presentó un total de veinticinco pruebas, que incluyeron testimonios de los agentes policiales, análisis de video y audio, pericias balísticas, y evidencias físicas recogidas en el lugar y en el inmueble allanado.
Sentencia y proceso judicial en Portoviejo
El Tribunal de Garantías Penales valoró todas las pruebas presentadas para dictar la sentencia condenatoria. Maikyn P. recibió la pena máxima prevista en la legislación ecuatoriana: 40 años de privación de libertad. Esta condena se fundamenta en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Allí se establece una pena base de 26 a 30 años por el delito de asesinato, pero que puede incrementarse por agravantes.
La menor de edad involucrada, fue procesada en una audiencia especial. El caso estuvo a cargo de un juez especializado en menores. En su caso, se aplicaron medidas socioeducativas conforme a la normativa vigente.
Contexto legal y relevancia
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) prevé penas severas para el delito de asesinato, considerando factores agravantes que pueden aumentar la duración de la condena. La aplicación de la pena máxima en este caso refleja la gravedad del crimen, en el que la víctima recibió 18 disparos.
Este proceso judicial destaca la labor coordinada entre la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional. El trabajo ayudó a esclarecer casos de violencia armada en la provincia de Manabí. Además, demuestra el funcionamiento del sistema de justicia para garantizar sanciones proporcionales a delitos graves.
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