El Tribunal de Cotopaxi denegó este viernes un recurso de habeas corpus presentado por la defensa de once militares ecuatorianos procesados por la desaparición y muerte de cuatro menores en Guayaquil, en el caso conocido como Las Malvinas. La decisión mantiene en prisión preventiva a los uniformados, quienes buscaban ser amparados por la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, promulgada por el presidente Daniel Noboa, para evitar el encarcelamiento provisional por acciones relacionadas con el conflicto armado interno.

Los militares, miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, están vinculados a la detención irregular de los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, ocurrida el 8 de diciembre de 2024 en el barrio Las Malvinas, en Guayaquil. Los cuerpos de los menores, presuntamente implicados en un asalto previo, fueron hallados calcinados días después en Taura, Guayas, a más de 30 kilómetros del lugar de su detención.

Desarrollo de la audiencia judicial

Durante la audiencia, los abogados defensores, liderados por Jesús López, argumentaron que los militares actuaron en cumplimiento de su deber en un contexto de conflicto armado interno. Sin embargo, los magistrados consideraron que las circunstancias del caso no justificaban la aplicación de la Ley de Solidaridad Nacional, manteniendo la prisión preventiva para los procesados.

La investigación revela que los menores fueron detenidos de forma irregular la noche del 8 de diciembre. Inicialmente, los militares aseguraron haber dejado a los niños con vida en Taura. No obstante, durante una segunda reconstrucción de los hechos, tres uniformados admitieron que los menores fueron golpeados bajo custodia.  Luego de ser abandonados cerca de la medianoche, los menores contactaron a sus padres desde la casa de un ciudadano que les brindó ayuda. Desde ese momento, se desconoce qué ocurrió hasta el hallazgo de los cuerpos.

Contexto del caso Las Malvinas

El caso ha generado controversia en Ecuador debido a las implicaciones de la actuación de las fuerzas públicas en el marco del conflicto armado interno. Situaci{on declarada por el Gobierno para combatir el crimen organizado. La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, promulgada recientemente, busca proteger a los uniformados procesados por acciones en este contexto. 

Los familiares de los menores exigen justicia y han cuestionado la versión de los militares, señalando inconsistencias en los relatos iniciales. La aparición de los cuerpos calcinados en Taura intensificó las críticas hacia las Fuerzas Armadas. 

Implicaciones legales y sociales

La negativa del habeas corpus refuerza la postura judicial de priorizar la investigación sobre las responsabilidades en la desaparición y muerte de los menores. El abogado de los aprehendidos Jesús López insistió en que sus defendidos fueron procesados por cumplir órdenes en un contexto de emergencia nacional. Sin embargo, las evidencias de maltrato durante la custodia han complicado su defensa.

Organizaciones de derechos humanos han seguido de cerca el caso, destacando la necesidad de esclarecer los hechos y garantizar que no haya impunidad. Mientras tanto, la sociedad ecuatoriana permanece atenta a los avances del proceso.