Tribunal de Bogotá ordena libertad inmediata de Álvaro Uribe en proceso de apelación

La condena de julio de 2025 incluyó, además de los 12 años de prisión, una inhabilitación de ocho años y una multa de 3.444 millones de pesos.
El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. (Foto EuropaPress)
El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. (Foto EuropaPress)
El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. (Foto EuropaPress)
El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. (Foto EuropaPress)

Kathya Mero

Redacción ED.

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó este martes 19 de agosto la libertad inmediata del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, quien cumplía prisión domiciliaria desde el 1 de agosto tras ser condenado a 12 años por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal. La Sala Penal, en un fallo de 38 páginas, revocó la detención impuesta por la jueza Sandra Heredia hasta que se resuelva el recurso de apelación presentado por la defensa y la Fiscalía contra la sentencia de primera instancia. La decisión ampara el derecho fundamental a la libertad de Uribe, de 73 años, mientras el proceso sigue su curso.

El Tribunal cuestionó los argumentos de Heredia, calificándolos de “vagos, indeterminados e imprecisos”. La jueza había justificado la detención con conceptos como “percepción ciudadana” y “efecto ejemplarizante”. Según los magistrados, los conceptos no se ajustan a la proporcionalidad ni al principio de presunción de inocencia. “La privación de libertad debe basarse en hechos concretos, no en fines genéricos o simbólicos”, señaló el fallo, criticando que se destacara el “reconocimiento público” de Uribe como criterio de peligrosidad. La resolución subraya que el exmandatario debe responder únicamente por los hechos imputados, no por su perfil político o personal.

Proceso de expresidente Uribe 

El proceso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda, acusándolo de recolectar falsos testimonios en cárceles para vincularlo con el paramilitarismo en Antioquia. La Corte Suprema archivó la investigación contra Cepeda en 2018 y abrió una contra Uribe, tras evidencias de que su abogado, Diego Cadena, habría ofrecido beneficios a exparamilitares, como Juan Guillermo Monsalve, para modificar declaraciones a su favor. En 2020, Uribe estuvo 66 días en detención domiciliaria, pero su renuncia al Senado trasladó el caso a la justicia ordinaria.

La condena de julio de 2025 incluyó, además de los 12 años de prisión, una inhabilitación de ocho años y una multa de 3.444 millones de pesos (unos 720.700 euros). La Fiscalía, en un recurso reciente, cuestionó la sentencia por basarse en “conjeturas” y no en pruebas sólidas. La defensa, en un documento de 904 páginas, alegó motivaciones políticas y falta de evidencia directa. Uribe ha negado los cargos, insistiendo en ser víctima de una persecución política.

Repercusiones y próximos pasos

La liberación de Uribe, figura central del Centro Democrático, intensifica la polarización en Colombia a meses de las elecciones de 2026. Sus seguidores destacan su legado en seguridad durante su presidencia (2002-2010), mientras sus detractores ven el proceso como un avance contra la impunidad. El Tribunal tiene hasta octubre para resolver la apelación, ya que los delitos podrían prescribir. Mientras tanto, Uribe permanecerá en libertad, y el caso sigue generando debate sobre la justicia y la influencia política en el país.

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