El Consejo de la Judicatura (CJ) suspendió hoy, 23 de julio de 2025, a tres jueces de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha por un error inexcusable. La medida disciplinaria se aplicó tras un fallo que benefició a Wilman Terán, expresidente del CJ, en un caso de reducción presupuestaria contra el Gobierno. La decisión fue adoptada en la sesión ordinaria No. 062-2025 del Pleno del CJ.
La suspensión y sus razones
En una sesión ordinaria celebrada este 23 de julio de 2025, el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) dictaminó la suspensión de J.M.J.A., M.B.B.P. y M.A.N.C., jueces de la Sala especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. La suspensión, que durará un mes sin sueldo, se fundamenta en una falta gravísima de error inexcusable. Las vocales Yolanda Yupangui y Solanda Goyes votaron a favor de esta decisión.
Los jueces incurrieron en esta falta al emitir un fallo fuera de sus competencias. Este fallo benefició al entonces presidente del CJ, Wilman Terán. Terán había presentado una acción de protección el 3 de marzo de 2023 contra el expresidente Guillermo Lasso y el exministro de Economía Pablo Arosemena. La acción se originó por una reducción presupuestaria a la Función Judicial, superior a los 200 millones de dólares.
Intervención de la Corte Constitucional
La actuación de los jueces fue analizada exhaustivamente por la Corte Constitucional (CC). El 11 de julio de 2024, la CC señaló que los juzgadores ordenaron la modificación del Presupuesto General del Estado (PGE). Esta acción se realizó a pesar de que no tenían competencia para ello.
El organismo constitucional advirtió que los jueces no respetaron su obligación de actuar dentro del marco legal. Este marco rige a todos los funcionarios judiciales. Ellos usaron mal una herramienta legal, la acción de protección. Además, se inmiscuyeron en asuntos que le corresponden netamente al Ejecutivo.
La CC sostuvo que emitir una resolución sobre un asunto ajeno a la acción de protección atenta contra la administración de justicia. Adicionalmente, se evidenció el incumplimiento del artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial. Dicho artículo exige a los servidores judiciales respetar y aplicar correctamente la Constitución y normas vigentes.
Compromiso con la legalidad
Con esta decisión, el Consejo de la Judicatura reafirma su compromiso con la legalidad. También demuestra su respeto a la independencia judicial y a la Constitución. La medida busca garantizar que los funcionarios judiciales actúen siempre dentro de sus atribuciones.
