La renuncia de Diana Salazar a la Fiscalía General del Estado, efectiva el 20 de mayo de 2025, abre el concurso para la selección de su sucesor, una tarea a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que enfrenta un considerable retraso en el proceso y proyecta la designación para finales de 2025 o principios de 2026, dejando al fiscal subrogante, Wilson Toainga, en el cargo por un período extendido.

Fiscalía General: proyección

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ha confirmado que la selección del próximo Fiscal General del Estado podría extenderse hasta diciembre de 2025 o, en el escenario más optimista, febrero de 2026. Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, compartió esta proyección, y un día antes del anuncio de la salida de Salazar, ya anticipaba la complejidad y el tiempo que requerirá el concurso. Actualmente, el fiscal subrogante, Wilson Toainga, asumirá las funciones de la Fiscalía General, estimándose su permanencia en el cargo por un período de aproximadamente ocho meses hasta la designación del titular.

Aceleración de procesos: un nuevo reglamento

Con el fin de agilizar las designaciones de autoridades de control, incluido el Fiscal General, el CPCCS aprobó a principios de mayo un nuevo reglamento para las comisiones ciudadanas de selección. Esta normativa establece plazos más estrictos, buscando optimizar los tiempos de cada fase. Específicamente, se contempla que la conformación de las comisiones de selección no exceda los dos meses, con una posible prórroga de un mes.

Asimismo, los concursos tendrán una duración máxima de cuatro meses, con la posibilidad de extenderse hasta por dos meses adicionales mediante una resolución motivada. Esta medida surge como respuesta a los significativos retrasos que el CPCCS ha acumulado en varios procesos de selección de autoridades.

El 11 de septiembre de 2024 marcó el inicio oficial del proceso para designar al nuevo Fiscal del Estado con la aprobación del reglamento que rige el concurso. Sin embargo, este camino no ha estado exento de controversias. El borrador inicial, presentado por el exconsejero Augusto Verduga (actualmente investigado en el caso Ligados por presunta asociación ilícita), generó cuestionamientos por ser supuestamente laxo y permitir la participación de individuos con antecedentes dudosos.

El 26 de agosto, Andrés Fantoni propuso una nueva versión del reglamento, y los consejeros la aprobaron, aunque realizaron ajustes posteriores el 30 de septiembre. Un ciudadano en Manabí presentó una acción de protección contra este documento, que inicialmente suspendió su vigencia, pero un juez la levantó y archivó 24 horas después.

Avances y retos pendientes

Un paso importante ya concretado en este concurso es la selección de la Veeduría Ciudadana, que tendrá la responsabilidad de supervisar todo el proceso de designación de la máxima autoridad de la Fiscalía. Un total de 524 personas cumplieron con los requisitos para integrar esta veeduría y recibieron una capacitación a nivel nacional a finales de febrero, preparándolos para su rol de vigilancia y transparencia.

No obstante, las fases más extensas, complejas y propensas a conflictos aún están pendientes. La experiencia en otros concursos de selección de autoridades ha demostrado que es en estas etapas donde se concentran la mayoría de acciones de protección y denuncias, lo que puede prolongar significativamente el proceso. La Comisión Ciudadana de Selección, cuya conformación puede tomar hasta tres meses según el reglamento, todavía no ha sido estructurada.

Andrés Fantoni ha informado que el CPCCS está gestionando los recursos económicos y logísticos necesarios para ponerla en funcionamiento, con la expectativa de que esté operativa en 30 días. Una vez conformada, se abrirá la fase del concurso de méritos y oposición, que incluye la integración de un equipo técnico de apoyo, la convocatoria a postulantes, la fase de admisibilidad para verificar requisitos legales, la impugnación ciudadana, la evaluación de méritos, la fase de oposición con pruebas y evaluaciones, y finalmente, la designación de la autoridad. El CPCCS aspira a que este último bloque se complete en cuatro meses, con una extensión extraordinaria de dos meses. Tras la designación, la Asamblea Nacional será la encargada de posesionar al nuevo Fiscal.