El Consejo de la Judicatura suspendió por tres meses sin sueldo al juez Juan Pablo Pulgarín, adscrito a la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar de Guayaquil, tras determinar que cometió un error inexcusable en un juicio por violencia intrafamiliar. La sanción ocurre en medio de la polémica por una decisión que permitió la liberación de dos sospechosos del secuestro y posterior asesinato de una ciudadana china en Guayaquil.
Sanción por error judicial
El 12 de junio, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió sancionar al juez Pulgarín luego de revisar su actuación en un proceso penal donde dictó medidas sustitutivas a la prisión preventiva a favor de dos hombres implicados en un caso de secuestro con resultado letal, decisión que fue calificada como un grave desacierto procesal.
Los sospechosos, Jhorly Ariel Portocarrero Mera (alias Cocacho) y Byron Steven Méndez Villavicencio (alias Pinky), fueron capturados por la Policía Nacional como parte de la investigación por el secuestro de una mujer de nacionalidad china, ocurrido el 29 de mayo de 2025. El cuerpo de la víctima fue hallado una semana después, el 6 de junio, dentro de una cisterna en la cooperativa Nueva Frontera, al noroeste de la ciudad.
Controversia por la decisión judicial
Durante la audiencia judicial, la Fiscalía General del Estado solicitó prisión preventiva para Portocarrero y medidas alternativas para Méndez, pese a su amplio historial delictivo. Sin embargo, el juez Pulgarín concedió medidas sustitutivas para ambos procesados, permitiéndoles enfrentar la investigación en libertad.
La decisión generó una inmediata reacción pública y mediática, debido a la gravedad del delito y al hecho de que uno de los implicados fue liberado pese a antecedentes criminales. Esto motivó a que el caso fuera revisado de oficio por la Judicatura, la cual concluyó que el fallo judicial careció de motivación suficiente y contradijo los principios de precaución y proporcionalidad en delitos graves.
Reacción institucional y medidas propuestas
Ante la polémica, el Consejo de la Judicatura enfatizó que los jueces deben actuar con estricto apego a la ley, especialmente en causas relacionadas con violencia, secuestro y crimen organizado. “No podemos tolerar decisiones que pongan en riesgo la seguridad ciudadana”, expresó la institución mediante un comunicado oficial.
Por su parte, la Judicatura anunció que propone un trabajo articulado con la Fiscalía y el Ministerio del Interior para fortalecer la respuesta institucional ante casos de violencia y crimen organizado, que se han incrementado en diversas zonas del país.
Conmoción por el caso
El caso de la ciudadana china secuestrada generó conmoción en Guayaquil y motivó una operación policial de alto perfil. La víctima fue hallada sin vida en un contenedor subterráneo, y el caso está siendo investigado bajo la figura penal de secuestro extorsivo con resultado de muerte, uno de los delitos más graves en la legislación ecuatoriana.
El juez Juan Pablo Pulgarín permanecerá suspendido de sus funciones hasta septiembre de 2025. Durante este periodo no percibirá remuneración y estará sujeto a un expediente disciplinario. La sanción es considerada una de las más severas que puede aplicar la Judicatura sin recurrir a la destitución definitiva.
La Fiscalía ha solicitado una revisión de las medidas cautelares dictadas en favor de los dos sospechosos y busca revertir la decisión para garantizar su prisión preventiva durante el proceso judicial.
