La Superintendencia de Bancos de Ecuador ha emitido una alerta actualizada este martes, 20 de mayo, sobre 32 entidades no autorizadas que realizan actividades financieras ilegales en el país. Esta medida busca proteger a la ciudadanía de prácticas de captación de dinero y otorgamiento de préstamos fraudulentos, que ponen en riesgo la estabilidad económica de quienes interactúan con ellas.
Superintendencia de bancos: hasta mayo
La lista de instituciones no autorizadas para realizar actividades financieras en Ecuador continúa en aumento. Según la Superintendencia de Bancos, hasta mayo de 2025, la cifra ha escalado a 32 entidades detectadas. Por lo tanto, esta actualización representa un incremento de siete nuevas identificaciones desde finales de abril, cuando el número de entidades reportadas era de 25. La entidad reguladora enfatiza la prohibición categórica para personas naturales o jurídicas que no forman parte del sistema financiero nacional de captar recursos de terceros u ofrecer servicios financieros.
Estas entidades ilegales operan a menudo a través de redes sociales y diversas plataformas de publicidad, ofreciendo créditos con pocos requisitos y procesos aparentemente «seguros», así como altos intereses para los depositantes. Además, dichas ofertas, aunque atractivas, constituyen un grave riesgo para la economía de los ciudadanos, ya que carecen de la supervisión y las garantías que ofrecen las instituciones financieras legítimas. La Superintendencia mantiene una vigilancia constante y actualiza con frecuencia la lista en su página web oficial para mantener informada a la población.
Identificación de Entidades Ilegales
La Superintendencia de Bancos ha detallado la lista de las 32 entidades no autorizadas, instando a la ciudadanía a verificar la legitimidad de cualquier institución antes de realizar transacciones financieras.
Entre las organizaciones identificadas se encuentran: Presta Mayor, Avancréditos, Jiigo S.A.S., Prestamos_PersonalRapido, Finanweb, Crédito Coopa Desarrollo, Proaccion.online, Créditos_Bankintells, Timplie, Coopsalate Créditos Online, Financiera Bolivariana de Créditos, Globalinvesment S.A., Misú, Banco Crédito Mutual, Corp. Inversiones, Fe y Esperanza.ec, Jasmirps, Natural Credit, Inmocash-Inmoauto, Credicapital, Construye Tu Futuro Financiero – ECU, PrestamosQuito, Autoesternacorp S.A.S., Prestamo Institucionales, Crédito Amigo Ecuador, Institución Financiera Pachamama, Institución Financiera Alaquez, Institución Financiera Santa Teresita, Anfiec, Group Sumak Kallary, Credivillal y Luz de América Finanzas.
Estas identificaciones son el resultado de un monitoreo continuo por parte del organismo de control, que busca salvaguardar la integridad del sistema financiero y proteger a los consumidores de prácticas engañosas. La rápida aparición de nuevas entidades ilegales subraya la persistencia de este problema y la necesidad de una mayor conciencia pública. La Superintendencia ha reiterado que cualquier entidad que no esté autorizada tiene prohibido expresamente realizar publicidad o utilizar cualquier medio (avisos, carteles, recibos, membretes, títulos) que sugiera que su negocio es de naturaleza financiera.
Precauciones
La proliferación de entidades financieras ilegales es un desafío constante para los reguladores financieros en Ecuador. Durante todo el año 2024, la Superintendencia de Bancos ya había identificado un total de 76 entidades no autorizadas para realizar este tipo de actividades, lo que demuestra la magnitud del problema. Estas organizaciones a menudo explotan la necesidad de acceso a crédito o el deseo de obtener altos rendimientos, atrayendo a víctimas con ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad.
Para protegerse, la Superintendencia de Bancos recomienda a la población verificar siempre la autorización de cualquier institución financiera a través de su página web oficial o directamente en sus oficinas. Desconfiar de ofertas de crédito con requisitos mínimos o tasas de interés excesivamente altas es una medida preventiva fundamental. Además, la colaboración ciudadana al reportar actividades sospechosas también juega un papel crucial en la lucha contra estas prácticas ilícitas, permitiendo a las autoridades actuar de manera más eficiente y proteger a un mayor número de personas.
