El Frente de Colectivos Sociales de Manta y Manabí, dieron a conocer
que se ha iniciado en la Fiscalía de Manta, un proceso penal, por el delito de peculado, basado en el informe especial emitido por la Contraloría, en el que se determinaron responsabilidades civiles, administrativas y penales, en contra de los funcionarios del Gobierno de Rafael Correa, que intervinieron en el proceso de adjudicación de la concesión del puerto de Manta.

Se informó que el Fiscal a cargo del caso es Rubén Balda, ante quién tendrán que comparecer a rendir sus declaraciones todos los involucrados, funcionarios públicos que han participado en la adjudicación y ejecución de la Concesión y también los representantes del Concesionario, que han intervenido durante los últimos cinco años en la administración privada del puerto.

Se manifestó además que en base al mismo informe, la Concesión del Puerto de Manta, entregado por 40 años, a un grupo de empresarios
portuarios Guayaquileño- Chileno; debe rescindirse unilateralmente por parte del Estado, sin derecho a ninguna indemnización, porque viola la
Constitución de La República, al no haber emitido el presidente, el decreto de excepcionalidad; por ser objeto ilícito; viola la Ley Orgánica de Incentivos para la participación pública privada y la inversión extranjera; por incumplimiento del contrato; por haber causado grave perjuicio al Estado, al haberse transferido ilegalmente, más de quince millones de dólares para la administración de APM.