El Servicio de Rentas Internas (SRI) informó este lunes 21 de julio que cerca de 9.000 contribuyentes presentaron declaraciones del Impuesto a la Renta (IR) de 2022 con inconsistencias, generando una afectación estimada de más de USD 6 millones. Tras un cruce de información con el sistema bancario nacional, la entidad detectó omisiones en acreditaciones bancarias, pagos con tarjetas de crédito, actividades económicas registradas en el RUC e ingresos por ventas en plataformas digitales, según un comunicado oficial.
Detalles de las inconsistencias
El SRI identificó las irregularidades mediante el Anexo de Reporte de Operaciones y Transacciones Económicas Financieras (ROTEF), que reveló discrepancias entre los gastos reportados por los contribuyentes y los registros financieros. Entre las principales omisiones se encuentran acreditaciones bancarias y cobros con tarjetas de crédito no incluidos en las declaraciones, así como ingresos no declarados provenientes de ventas digitales y actividades económicas registradas en el Registro Único de Contribuyentes (RUC). Estas irregularidades habrían ocasionado una pérdida tributaria superior a los USD 6 millones, según la entidad.
El director general del SRI, Damián Larco, destacó que estas omisiones no son errores menores, sino “señales claras de riesgos tributarios”. Como parte de su estrategia de fiscalización, el SRI notificó de manera preventiva a los contribuyentes afectados, instándolos a revisar y justificar las diferencias detectadas. Larco aclaró que estas notificaciones no constituyen determinaciones tributarias, sino una oportunidad para corregir omisiones antes de iniciar procesos formales.
Acciones para regularizar
El SRI señaló que no todas las acreditaciones bancarias representan ingresos gravables. Estas pueden incluir préstamos, transferencias entre cuentas propias, reintegros, devoluciones o ventas de activos no sujetos al IR. Por ello, los contribuyentes deben realizar un análisis técnico para determinar la naturaleza de los valores observados.
En caso de confirmar inconsistencias, la entidad recomendó presentar declaraciones sustitutivas para regularizar la situación y evitar sanciones. Si no se corrigen, los contribuyentes podrían enfrentar determinaciones tributarias con intereses, multas o incluso procesos penales por presunta defraudación tributaria, conforme al Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Contexto tributario en Ecuador
La fiscalización del SRI forma parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer la recaudación y garantizar el cumplimiento tributario en Ecuador, un país que enfrenta desafíos económicos y una creciente necesidad de recursos para financiar políticas públicas. En 2022, el sistema tributario ecuatoriano recaudó USD 15.400 millones, según datos oficiales, pero las inconsistencias detectadas reflejan la persistencia de prácticas de subdeclaración que afectan las arcas estatales. La digitalización de los controles, como el uso del ROTEF, ha permitido al SRI mejorar la detección de irregularidades, especialmente en transacciones bancarias y digitales.
El director Larco enfatizó que el objetivo no es sancionar de inmediato, sino brindar a los contribuyentes la oportunidad de corregir errores. “Intensificamos los controles para prevenir y corregir conductas que afectan al Estado y a todos los ecuatorianos”, afirmó. La entidad espera que las notificaciones preventivas incentiven la regularización voluntaria, reduciendo la necesidad de procesos sancionatorios.
Implicaciones para los contribuyentes
Los 9.000 contribuyentes notificados deberán actuar rápidamente para revisar sus declaraciones y presentar la documentación correspondiente. La falta de corrección podría derivar en auditorías más rigurosas y consecuencias legales.
Este caso subraya la importancia del cumplimiento tributario en un contexto donde las autoridades buscan maximizar la recaudación para enfrentar retos como la crisis de seguridad y la reactivación económica. Las próximas semanas serán clave para determinar cuántos contribuyentes regularizan su situación.