La Comisión de Biodiversidad y Recursos Renovables recibió aportes de la sociedad civil el 11 de julio de 2025 para analizar el proyecto de Ley Orgánica de Preservación y Prevención de Impacto de Olas Rompientes en el Litoral Ecuatoriano, buscando proteger los ecosistemas costeros y garantizar un desarrollo sostenible.
Aportes clave para la protección costera
En el marco del análisis del proyecto de Ley Orgánica de Preservación y Prevención de Impacto de Olas Rompientes en el Litoral Ecuatoriano, la Comisión de Biodiversidad y Recursos Renovables recibió comparecencias. William Jaén, máster en Costas y Puertos, y José Barba, síndico de la comuna Ayampe, presentaron criterios técnicos y comunitarios. Su objetivo fue enriquecer la discusión sobre la protección de los ecosistemas costeros.
El valor de las olas y rompientes
William Jaén subrayó la importancia de esta iniciativa. Es fundamental para proteger la integridad de las olas y rompientes. No solo son parte de la biodiversidad costera. También impulsan el desarrollo económico y turístico de comunidades del litoral. Jaén advirtió sobre la fragilidad de la morfología costera. Las construcciones mal planificadas implican un alto riesgo.
Citó el caso de Crucita, donde una obra inadecuada causó erosión severa. Más del 75% de las playas para deportes acuáticos, como surf, se ubican en zonas urbanas. Esto las hace especialmente vulnerables. Toda intervención costera debe contar con análisis técnicos, ambientales y sociales rigurosos. Esto garantiza un desarrollo sostenible. “No estamos en contra del progreso”, afirmó Jaén. “Estamos a favor de un modelo costero que respete la naturaleza”.
Comunidades, guardianas del litoral
José Barba agradeció la participación de las comunidades. Destacó el compromiso de Ayampe. Es un modelo de desarrollo sostenible. Su comunidad ha sido reconocida con la categoría Plata por el Ministerio de Turismo. Trabajan para alcanzar la categoría Oro. Esto es parte de su visión de sustentabilidad. Barba alertó sobre los impactos negativos de la extracción de arena. Las obras mal ubicadas en zonas frágiles también son un problema.
Afectan el equilibrio ecológico, el turismo y la economía local. El abastecimiento de agua potable para más de 40.000 personas también está en riesgo. Por ello, apoyó la aprobación de leyes que protejan estos ecosistemas. “El desarrollo sin planificación puede destruir en pocos años lo que comunidades enteras han construido durante décadas”, enfatizó Barba.
Hacia una legislación sostenible
La mesa legislativa continuará recibiendo insumos técnicos y sociales. Diversos actores contribuirán al debate. El objetivo es consolidar una normativa. Esta debe garantizar la conservación de los ecosistemas costeros. También busca promover el desarrollo sostenible. Protege, además, los derechos de las comunidades del litoral ecuatoriano. La participación ciudadana en este proceso es clave. Asegura una ley robusta y adaptada a las necesidades locales.
