La madrugada del 9 de julio de 2025, operativos simultáneos en Guayaquil, Babahoyo y Esmeraldas resultaron en la aprehensión de once personas vinculadas a una red de delincuencia organizada dedicada al microtráfico de sustancias sujetas a fiscalización.

Investigación 

La investigación, liderada por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti) desde el 14 de enero de 2024 por microtráfico. Este se basó en denuncias reservadas que señalaban el transporte y acopio de grandes cantidades de droga desde Esmeraldas hacia Guayaquil para su distribución y consumo interno.

Con autorización judicial, las autoridades emplearon técnicas avanzadas de investigación. Estas incluyeron la extracción de datos de teléfonos celulares de los sospechosos, lo que permitió identificar a once integrantes, entre ellos cuatro privados de libertad presuntos miembros del Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) “Los Tiguerones”.

Allanamientos y detenciones por microtráfico

Los allanamientos, respaldados por órdenes de detención, concluyeron con la detención de los once individuos y la retención de ocho vehículos, entre automóviles y motocicletas. Durante la audiencia de formulación de cargos, celebrada la madrugada del 10 de julio de 2025, el Fiscal presentó evidencias como partes informativos y de aprehensión, versiones de agentes, informes de interceptación de llamadas, vigilancias, seguimientos y material incautado que configuran el microtráfico.

La Jueza de la Unidad de Garantías Penales Especializada dictó prisión preventiva para César Vicente B. Q. (objetivo de mediano valor), Lely Noemí C. Q., Bryan Steven J. V., Moisés Aarón M. C., Allison Nicole N. M., Jessica Mercedes R. S. y Jeniffer Patricia V. R..

 Nuevas Investigaciones por microtráfico

Cuatro de los detenidos por microtráfico—Franklin Steven P. M., Anabella Katherine M. G., Jordán Ismael J. V. y John Erick C. S.—no fueron procesados debido a que no comparecieron en la audiencia, pese a las solicitudes judiciales al personal militar que los custodiaba en Guayaquil y Esmeraldas. La Magistrada ordenó a la Fiscalía iniciar un proceso penal contra estos militares por presunto incumplimiento de órdenes legítimas de autoridad competente, un delito que podría acarrear sanciones significativas.

La falta de comparecencia ha generado cuestionamientos sobre la coordinación entre instituciones, especialmente en el manejo de detenidos bajo custodia militar. Las autoridades judiciales han enfatizado que esta omisión no afectará la continuidad del caso contra los siete procesados. Pero sí pone en evidencia desafíos logísticos y de supervisión.

Contexto de Delincuencia Organizada

El caso refleja la lucha contra el microtráfico y las redes delictivas en Ecuador, donde provincias como Esmeraldas y Guayaquil son puntos clave para el narcotráfico. Según el Ministerio de Gobierno, en 2024 se decomisaron 294.618 kilos de droga, con un aumento del 33% respecto a 2023, y se realizaron 806.022 operativos a nivel nacional.

En 2025, hasta junio, se han registrado 1.230 detenciones por delitos relacionados con drogas, destacando la actividad de grupos como “Los Tiguerones”. Esmeraldas, en particular, ha sido un foco de atención debido a su proximidad a rutas marítimas utilizadas para el tráfico internacional. La participación de privados de libertad en la red subraya la infiltración del crimen organizado en el sistema penitenciario. Un problema que las autoridades buscan abordar con mayor control y tecnología.

Respuesta Institucional y Perspectiva

La Fiscalía ha establecido un plazo de 90 días para la instrucción fiscal, durante los cuales se profundizarán las investigaciones para desmantelar completamente la red. El coronel Luis Torres, jefe de la Zona 8 de Policía, afirmó: “Estos operativos son un golpe a las estructuras del microtráfico, pero la colaboración ciudadana sigue siendo esencial”.

Las autoridades planean intensificar el uso de inteligencia para prevenir la reorganización de grupos como “Los Tiguerones”. Muchos de ellos dedicados al microtráfico. El incidente con los militares ha generado críticas y un llamado a mejorar la coordinación interinstitucional.

Organizaciones de derechos humanos han pedido transparencia en el proceso contra los custodiantes. Mientras tanto, la comunidad exige resultados concretos para reducir la violencia asociada al narcotráfico. Con 1.230 detenciones en 2025, el caso marca un esfuerzo sostenido, aunque los desafíos persisten. (27)