Delegados de la Asociación de Servidores Penitenciarios Activos del Ecuador, Wilman Alarcón y Rebeca García, pidieron cambios a la Ley Orgánica del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Esto ocurrió el jueves 17 de julio de 2025 en la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, buscando fortalecer el control y la seguridad en los centros de privación de libertad ante la crisis actual.
Reforma legal urgente
Wilman Alarcón señaló que el sistema penitenciario enfrenta una crisis histórica. Él pidió un marco jurídico autónomo, moderno y funcional. Este marco debe proteger a los servidores penitenciarios. Además, debe garantizar el control en los centros de privación de libertad. Alarcón enfatizó la importancia de enfrentar a los grupos de delincuencia organizada.
Alarcón afirmó que esta ley no debe ser un “parche operativo”. Más bien, debe ser una apuesta por la seguridad integral. Se busca el bienestar de quienes resguardan el sistema. El funcionario aseveró que no existe rehabilitación sin disciplina y control.
Déficit de personal y armamento
Rebeca García sugirió incrementar el número de funcionarios. Existe un déficit del 68% de guardias penitenciarios. Se necesitan más guardias para resguardar a 36 mil personas privadas de libertad. García cuestionó cuántos compañeros deben morir para que se valore lo que pasa en las cárceles.
García afirmó que las cárceles se volvieron “escuelas del crimen”. Esto impide el ejercicio pleno de sus funciones. Los comparecientes coincidieron en la dificultad de enfrentar el delito. No pueden hacerlo con armamento menos letal. Los privados de libertad, sin embargo, usan armas letales.
Acciones legislativas futuras
Los legisladores realizaron preguntas sobre protocolos. También preguntaron sobre la provisión de insumos y chalecos. Se abordó el tema del armamento. La presidenta de la mesa legislativa, Inés Alarcón, solicitó convocar al director del SNAI.
También pidió convocar a delegados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El objetivo es construir una normativa conjunta. Esta debe responder al bienestar de los servidores. Todo esto dentro del respeto a los derechos humanos.
