La audiencia de formulación de cargos contra el asambleísta Santiago Díaz se instaló el martes 22 de julio de 2025 en la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia N°1, en Quito. En esta diligencia, la Fiscalía lo procesará penalmente por la presunta participación en la violación de una niña de 12 años. Además, se decidirá si se dicta o no prisión preventiva para el legislador. La cita judicial es reservada debido a la naturaleza sexual del delito.
Díaz llegó al recinto policial en una camioneta, vestido con un terno azul y esposado. Se entregó voluntariamente a las autoridades judiciales la tarde del lunes 21 de julio de 2025, tras emitirse en su contra una orden de detención para la formulación de cargos. Las autoridades registraron la entrega en la zona de Tumbaco, ubicada al nororiente de Quito.
Investigación a Santiago Díaz y antecedentes del caso
La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional efectuaron tres allanamientos en Quito en la madrugada del miércoles 9 de julio de 2025. Esto como parte de la investigación por la presunta violación a la niña de 12 años. En los inmuebles allanados, los equipos de Criminalística recogieron documentos y dispositivos electrónicos que podrían aportar evidencias sobre el caso denominado “Díaz Asque“.
La denuncia contra Santiago Díaz se presentó el martes 8 de julio por el padre de la víctima. Según el documento, el abuso habría ocurrido tras una fiesta. En respuesta, el movimiento político Revolución Ciudadana, al que pertenece Santiago Díaz, anunció que el asambleísta quedó separado de la organización y perdió su curul hasta que termine la investigación. Este caso ha generado gran repercusión en la política nacional.
Reacciones y contexto legal
El expresidente Rafael Correa, líder de Revolución Ciudadana, calificó la situación como una “vergüenza” para su movimiento, Además, ofreció disculpas a la víctima y a su familia. La Comisión de Administración Legislativa (CAL) también negó una solicitud de licencia sin sueldo presentada por Santiago Díaz para su defensa y rechazó el trámite del proyecto de ley que proponía modificar la edad de consentimiento sexual a los 14 años, iniciativa impulsada por el propio legislador.
El delito de violación en Ecuador contempla una pena privativa de libertad que va de 19 a 22 años.
