Ya que se han hecho las investigaciones y se ha identificado un millar de carnés de discapacidad que fueron entregados fraudulentamente a personas que no tenían ningún tipo de discapacidad, es necesario que la Fiscalía investigue y que el caso termine en sentencia judicial.
La investigación debería comprender no solamente a quienes emitieron los carnés, sino también a los beneficiarios, que son quienes, por conveniencia personal, propiciaron la vulneración de los procesos.
Fue vergonzoso saber cómo, incluso, altos funcionarios designados por votación popular se valieron de carnés de discapacidad emitidos en forma indebida para importar vehículos sin pagar tributos al Estado o para obtener ventajas en concursos.
No es justo que mientras hay personas con discapacidad que necesitan este documento, y deben esperar bastante tiempo por su calificación, existan quienes accedan a él con facilidad y sin tener tal condición.
«La entrega y obtención fraudulenta de carnés de discapacidad podría ser causal de cuatro delitos”.
En torno a la obtención fraudulenta de carnés de discapacidad pueden configurarse delitos como falsificación y uso de documento público falso, defraudación tributaria, defraudación aduanera e, incluso, asociación ilícita, entre otros.
Un juicio masivo, ejemplarizador, ayudaría al Estado a disuadir posibles nuevos intentos de falsificar documentos de esta naturaleza.
Editorial de El Diario publicado este lunes 17 de octubre del 2022 en nuestra edición impresa.
