El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió su propuesta de convocar una consulta popular para que la ciudadanía decida sobre la reforma laboral, una iniciativa que no logró aprobarse en el Senado.
En un discurso reciente, Petro afirmó que su decisión se ampara en el artículo 86 de la Constitución, que regula los mecanismos de participación directa, como las consultas populares.
“Para que la ciudadanía en cualquier parte del país pueda controlar a su presidente, he decidido que entre a operar plenamente el artículo 86 de la Constitución nacional”, manifestó Petro. Esta declaración responde a las críticas de la oposición, que considera que el mandatario está intentando eludir al Congreso para implementar sus reformas.
Horas antes, Petro había reiterado que el propósito de la consulta es permitir que los colombianos se pronuncien sobre temas clave, como los derechos laborales y sociales, incluidos en la reforma laboral que ha enfrentado múltiples obstáculos en el Congreso.
Oposición acusa a Petro de “golpe de Estado”
Ocho partidos opositores emitieron un comunicado conjunto en el que acusan al presidente de cometer un “golpe de Estado” al proponer viabilizar la consulta por decreto, tras el rechazo del Senado a la reforma laboral. Según los opositores, Petro estaría vulnerando la Constitución al intentar activar el artículo 86 sin el respaldo de la Cámara Alta.
Petro, sin embargo, rechazó categóricamente estas acusaciones. “Es mentira que si no hay decisión válida del Senado 30 días después de presentada la consulta, el presidente no pueda decretarla. Me habilita expresamente la ley”, aseguró el mandatario, defendiendo su interpretación del marco legal.
La controversia ha generado un intenso debate en Colombia, donde la oposición argumenta que la acción de Petro representa un ataque a las instituciones democráticas. Por su parte, el Gobierno insiste en que busca fortalecer la participación ciudadana.
Contexto de las reformas y tensiones políticas
La reforma laboral propuesta por el Gobierno de Petro busca ampliar los derechos laborales, incluyendo mejoras en las condiciones de trabajo, estabilidad laboral y acceso a beneficios sociales. Sin embargo, el proyecto ha enfrentado una fuerte resistencia en el Congreso. En esa instancia no logró los votos necesarios para avanzar en el Senado.
El artículo 86 de la Constitución colombiana establece que el presidente puede convocar consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, pero su activación requiere procedimientos específicos, incluyendo la revisión del Congreso.
La oposición sostiene que Petro está ignorando este paso, mientras que el Gobierno argumenta que la ley le permite actuar tras un plazo de 30 días sin respuesta del Senado.
Este enfrentamiento refleja las tensiones políticas en Colombia. El Gobierno de Petro, ha enfrentado constantes choques con sectores tradicionales y el Congreso, dificultando la aprobación de sus reformas estructurales.
Reacciones y perspectivas del proceso
La decisión de Petro de avanzar con la consulta ha generado división. Mientras algunos sectores sociales y sindicatos apoyan la iniciativa, considerándola una oportunidad, los partidos opositores advierten sobre un posible precedente autoritario.
El proceso para convocar una consulta popular requiere que el Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional revisen la pregunta planteada. Hasta el momento, el Gobierno no ha precisado la fecha en que presentará formalmente la consulta ni los detalles de su contenido.
La polarización en torno a la reforma laboral y la consulta popular pone de manifiesto los retos del Gobierno para avanzar en su agenda progresista.
