El asambleísta Roque Ordóñez, miembro de la bancada de Revolución Ciudadana, denunció este miércoles 9 de julio que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) intenta obstaculizar un proceso de fiscalización sobre la presunta entrega de USD 560 millones en bonos y ayudas económicas durante la campaña electoral de marzo de 2025. Según Ordóñez, estos recursos habrían sido distribuidos sin sustento técnico, social ni económico, lo que podría implicar un uso indebido de fondos públicos con fines electorales. La denuncia se presentó mediante un comunicado oficial y en redes sociales. 

El legislador por Azuay señaló que el CAL, en una resolución emitida el 1 de julio, decidió trasladar la fiscalización de la Comisión de Garantías Constitucionales, donde él impulsa el proceso, a la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, controlada por la mayoría oficialista. Ordóñez calificó esta acción como una violación al artículo 26, numeral 3, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que prohíbe a una comisión interferir en la fiscalización iniciada por otra. La medida, según el asambleísta, busca limitar la transparencia en un caso que involucra al gobierno del presidente Daniel Noboa.

Fiscalización en curso 

La investigación comenzó el 18 de junio de 2025, cuando la Comisión de Garantías Constitucionales aprobó, con 10 votos, indagar la entrega de bonos y programas sociales anunciados entre el 22 y 26 de marzo, en plena campaña electoral. Entre los programas cuestionados están la compensación de USD 180 por consumo eléctrico y el kit escolar “Regresa al aula del Nuevo Ecuador”. Ordóñez argumenta que estas iniciativas carecen de una planificación presupuestaria clara, lo que levanta sospechas sobre su legalidad.

Además, el asambleísta exigió al CAL respetar el marco legal y permitir que la Comisión de Garantías continúe con la fiscalización. En una moción presentada el 7 de julio, Ordóñez solicitó notificar al CAL que no puede extralimitarse en sus funciones. La bancada de Revolución Ciudadana respaldó la denuncia, afirmando que el traslado del proceso a una comisión afín al oficialismo busca “enterrar la verdad” sobre el uso de recursos públicos.

Reacciones y antecedentes

La decisión del CAL ha generado críticas de sectores opositores, quienes ven en esta acción un intento de proteger al Ejecutivo. Por su parte, la Comisión de Transparencia, presidida por Diana Jácome, no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso. En 2022, la Asamblea investigó presuntas irregularidades en contratos públicos, enfrentando resistencias institucionales. 

Ordóñez insistió en que la fiscalización debe avanzar sin interferencias para esclarecer el destino de los USD 560 millones. La Comisión de Garantías Constitucionales planea reiterar el llamado a autoridades y exigir documentos que sustenten la entrega de los bonos. Mientras tanto, el CAL enfrenta presiones para justificar su resolución, que algunos legisladores consideran un precedente peligroso para el control político.