El proceso para designar al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Ecuador enfrenta un nuevo retraso, ya que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) decidió reformar el reglamento del concurso antes de emitir la convocatoria formal. La resolución, adoptada por unanimidad el 4 de junio de 2025, busca garantizar mayor transparencia mediante la ampliación de la veeduría ciudadana en el proceso de selección.
El pleno del Cpccs, presidido por Andrés Fantoni, acordó solicitar un informe de viabilidad jurídica para evaluar la procedencia de las reformas al reglamento del concurso. Esta decisión responde a solicitudes presentadas por la Federación Nacional de Abogados, el Colegio de Abogados de Pichincha y otros gremios, quienes plantearon observaciones para mejorar el proceso de designación.
Reforma al reglamento como prioridad
La reforma al reglamento del concurso se centrará en optimizar los procedimientos de selección, asegurando que cumplan con estándares de transparencia y participación ciudadana. Si el informe jurídico confirma su viabilidad, el Cpccs convocará de inmediato mesas de trabajo para discutir y ajustar el contenido del reglamento. Estas mesas contarán con la participación de actores sociales y profesionales del derecho, según lo anunciado por el organismo.
El proceso de designación del titular de la FGE es clave para el sistema judicial ecuatoriano, dado que el fiscal general lidera las investigaciones penales y representa al Estado en casos de interés público. La demora en la convocatoria ha generado expectativas en gremios jurídicos y la sociedad civil, quienes demandan un proceso claro y participativo.
Convenio con la academia
En paralelo, el Cpccs firmó un convenio con el Consejo de Educación Superior (CES), para incorporar a la academia en los procesos de designación de autoridades. Este acuerdo busca fortalecer la transparencia y la calidad técnica en la selección de funcionarios públicos, incluyendo al futuro titular de la Fiscalía.
La participación de universidades y centros de educación superior permitirá un análisis más riguroso de los perfiles de los candidatos, según explicó Fantoni. Este convenio también responde a la necesidad de legitimar los procesos de designación frente a la ciudadanía.
Proceso de designación
La designación del fiscal general es un procedimiento regulado por la Constitución ecuatoriana y el Código Orgánico de la Función de Transparencia y Control Social. El Cpccs, encargado de supervisar el concurso, debe garantizar que el proceso sea competitivo, meritocrático y transparente. La última designación de un fiscal general generó críticas por falta de claridad en los criterios de selección.
La Federación Nacional de Abogados y el Colegio de Abogados de Pichincha han insistido en la necesidad de incluir veedurías ciudadanas. Estas organizaciones han señalado que la reforma al reglamento debe priorizar la independencia y la idoneidad de los candidatos.
