La Comisión del Derecho al Trabajo y Seguridad Social se encuentra en el proceso de ajustar un proyecto de ley reformatoria sobre la jubilación especial del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), después de que la Corte Constitucional emitiera el 3 de julio de 2025 el Dictamen N.º 3-25-OP/25, aceptando una objeción parcial de inconstitucionalidad presentada por el presidente Daniel Noboa Azin, debido a la falta de estudios actuariales y análisis de factibilidad financiera.
Inconstitucionalidad por falta de estudios
La Corte Constitucional determinó que los artículos 1 y 2, así como la Disposición General Primera del proyecto de ley, son inconstitucionales. Estas secciones contravienen los artículos 287 y 369 de la Constitución de la República. La razón principal radica en la ausencia de estudios actuariales específicos y actualizados. Tampoco se presentó un análisis de factibilidad financiera adecuado.
Esta carencia impide garantizar las fuentes de financiamiento necesarias para las obligaciones planteadas. La Corte declaró la inconstitucionalidad de los artículos mencionados. Esto también afecta a la Disposición General Primera del proyecto. Los artículos objetados se refieren al régimen de jubilación especial. También tratan sobre la contribución para su financiamiento.
Próximos pasos legislativos
El presidente de la Comisión, Ecknner Recalde, tomó medidas inmediatas. Tras conocer el dictamen constitucional, dispuso la elaboración de un informe no vinculante. Este informe se basará en el dictamen de la Corte. Su objetivo es prepararlo para la próxima sesión.
La Comisión ahora debe ajustar el contenido del proyecto de ley. Deberá hacerlo conforme a lo establecido en el dictamen de la Corte Constitucional. El trámite legislativo continuará. Este ajuste es fundamental para que la propuesta de ley avance.
Impacto en la seguridad social
La decisión de la Corte Constitucional subraya la importancia de la responsabilidad fiscal. También destaca la necesidad de rigurosos estudios técnicos. Esto es para proyectos de ley con implicaciones financieras. Especialmente en el ámbito de la seguridad social. La falta de sustento técnico y financiero puede derivar en problemas. Esto afectaría la sostenibilidad de los fondos públicos.
