Puerto Príncipe, la capital de Haití, se encuentra en un estado de sitio no declarado, donde las pandillas armadas controlan aproximadamente el 80% de la ciudad.
La escalada de violencia, que se intensificó tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, ha transformado la vida cotidiana en una lucha constante por la supervivencia.
Los enfrentamientos entre grupos criminales, liderados por figuras como Jimmy Chérizier, alias “Barbacoa”, dejaron un saldo devastador: casi 4.000 muertes en 2024, de acuerdo con la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Una ciudad paralizada por el miedo
La violencia basada en género, incluyendo agresiones sexuales utilizadas como arma de terror, ha alcanzado niveles alarmantes, afectando desproporcionadamente a mujeres y menores.
En este contexto, más de 20.000 personas se desplazaron en tan solo cuatro días en noviembre de 2024, muchas de ellas forzadas a abandonar refugios improvisados en 15 sitios de desplazamiento en la capital.
El control de las pandillas no solo se limita a las calles, sino que se extiende a infraestructuras clave. El cierre del tráfico aéreo, tras ataques a tres aviones comerciales, y el bloqueo de rutas terrestres han aislado a Puerto Príncipe, interrumpiendo cadenas de suministro esenciales.
Los hospitales, atacados por grupos armados, han colapsado, y el acceso a alimentos, agua potable y servicios de salud mental es cada vez más limitado. “La capital está rodeada por grupos armados, y el peligro acecha. Es verdaderamente una ciudad sitiada”, afirmó Philippe Branchat, Jefe de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Haití.
Esta situación ha generado un trauma colectivo, con familias desplazadas repetidamente, dejando atrás lo poco que logran reconstruir.
Éxodo masivo y crisis humanitaria
La violencia ha desencadenado una ola de migración sin precedentes. Miles de haitianos, desesperados por escapar del caos, abandonaron el país, buscando refugio en naciones vecinas o en Estados Unidos, uno de los principales destinos para los migrantes haitianos.
En lo que va de 2025, se estima que más de 700.000 personas se desplazaron internamente, muchas huyendo de Puerto Príncipe hacia zonas rurales donde, sin embargo, enfrentan nuevos desafíos como el hambre y la falta de recursos.
En áreas como Jeremie, familias llegan sin pertenencias ni documentos, en una huida precipitada que refleja la urgencia de la situación.
Los bloqueos de carreteras por parte de las pandillas han disparado los precios de alimentos y combustible, haciendo insostenible la vida para una población donde más del 60% vive con menos de 4 dólares al día.
La respuesta internacional ha sido limitada. La misión de la ONU, respaldada por 400 policías kenianos, enfrenta resistencia feroz, con incidentes como patrullas recibidas con cócteles molotov y estacas con cráneos humanos.
El plan de respuesta humanitaria de Naciones Unidas, que requiere 674 millones de dólares, está financiado solo en un 42%, dejando a millones sin asistencia.
Organizaciones como la OIM han hecho un llamado urgente para aumentar los fondos y garantizar la seguridad de los trabajadores humanitarios, pero la falta de acceso a las zonas afectadas complica las operaciones.
Mientras tanto, la destitución del primer ministro Garry Conille en 2024 y la ausencia de elecciones desde 2016 han profundizado el vacío de poder, permitiendo que las pandillas consoliden su dominio.
La crisis de Haití no solo es una tragedia local, sino un desafío humanitario de proporciones globales que exige acción inmediata.
