El proyecto de Ley de Innovación y fortalecimiento de la gestión pública se posiciona como una herramienta crucial para transformar el panorama legal en Ecuador. Este jueves 12 de junio, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional busca aprobar el informe para primer debate, una medida que podría redefinir el juzgamiento de adolescentes infractores y sancionar severamente el prevaricato judicial. La propuesta, un esfuerzo conjunto por erradicar la corrupción y optimizar la gestión pública, marca un antes y un después en la aplicación de la justicia.

Este proyecto económico urgente inicialmente busca implementar mecanismos de innovación en la contratación pública. Su objetivo principal abarca la optimización del desarrollo sostenible y equitativo, la erradicación de la corrupción en las compras públicas y la mejora general de la eficiencia en el sector público. Sin embargo, su alcance se ha extendido significativamente. Ahora, la Ley de Innovación se propone incluir reformas sustanciales para el juzgamiento de menores, reflejando una preocupación creciente por la seguridad ciudadana.

Ley de Innovación: fortaleciendo el marco legal para adolescentes

La bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), por medio del legislador Andrés Castillo, impulsó la inclusión de once reformas vitales. Cuatro modificaciones al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y siete cambios al Código de la Niñez y Adolescencia se integrarán en la Ley de Innovación. Este paquete de reformas, remitido por el presidente Daniel Noboa, ya ingresa a primer debate en el Parlamento, augurando debates intensos.

Las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia atienden específicamente al juzgamiento de adolescentes por delitos graves. Se propone una ampliación del internamiento preventivo, pasando de 90 a 180 días. Esto aplica en casos de delitos sancionados por el COIP con penas superiores a diez años, un cambio que busca mayor contundencia. Asimismo, la Ley de Innovación considera la prescripción de delitos sancionados por el COIP y la duración de la investigación previa.

La duración de un año para la investigación previa en delitos con pena privativa de libertad, donde participen adolescentes, también es parte de las modificaciones. Además, se amplía la duración de la instrucción de 45 a 90 días, con la posibilidad de una prórroga única de 30 días. La Ley de Innovación contempla la destitución de funcionarios judiciales que admitan acuerdos conciliatorios en delitos sancionados con penas privativas superiores a diez años, fortaleciendo la integridad del proceso.

Medidas socioeducativas y penas progresivas

Las reformas al Código de la Niñez amplían la aplicación de medidas socioeducativas para delitos sancionados con penas de un mes hasta tres años. Estas incluyen amonestación, imposición de reglas de conducta, servicios a la comunidad e internamiento domiciliario, entre otras. La Ley de Innovación busca una respuesta más adaptada a la gravedad del delito. Para delitos sancionados con penas privativas de libertad de tres a cinco años, la medida de internamiento institucional se establece de uno a dos años.

En los casos de delitos sancionados con penas privativas de libertad de cinco a diez años, se aplicará el internamiento de tres a cinco años, sin medidas socioeducativas. Y para delitos con penas superiores a diez años, los adolescentes serán juzgados e internados con la misma duración de las penas previstas en el COIP. La Ley de Innovación especifica que en estos casos tampoco se aplicarán medidas socioeducativas ni se permitirá el cambio a regímenes semiabierto o abierto.

Combatiendo la corrupción judicial

Respecto a las reformas propuestas al COIP, estas se centran en el endurecimiento de penas para quienes cometan fraude procesal. También se endurecen las penas para el prevaricato de jueces, árbitros y fiscales, con agravantes si se beneficia a integrantes de grupos de delincuencia organizada. La ley propone la inhabilitación de por vida de la profesión a abogados por prevaricato de jueces y litigantes, una medida que busca limpiar la administración de justicia.

Por otro lado, el legislador por la provincia de Santa Elena, Otto Vera (PSC), señaló a diario El Universo que el juzgamiento de menores infractores como adultos era un tema que su organización política ya impulsaba. Considera la propuesta del movimiento oficialista (ADN) correcta y facilitadora del tratamiento del proyecto.

“No puede ser posible que el crimen organizado copte a menores de edad”, afirma Vera, quien subraya que estos jóvenes intervienen en ocasiones con sus familias para evadir la justicia. Utilizan mecanismos ligados a la protección de la niñez y adolescencia en la Constitución y en derechos internacionales. La Ley de Innovación representa un paso adelante en la lucha contra esta problemática.

El legislador Vera también señaló que el PSC fortalecerá la propuesta, extendiendo la protección no solo a niños, sino también a personas con discapacidad. Recordó un caso en Santa Elena, donde una persona con 49% de discapacidad asesinó a alguien y goza de la posibilidad de defenderse en libertad. La Ley de Innovación busca cerrar estas brechas legales.

Reconoce que incluir estas reformas en un proyecto urgente económico no sería lo más correcto. Sin embargo, enfatiza: “Pero yo también tengo claro que cuando uno tiene la oportunidad de utilizar una instancia de poder tienes que aprovecharla”.

Debate parlamentario y la unidad de materia

Por su parte, el legislador Sergio Peña (antes de RC) sugirió la inclusión de las reformas penales. Aclara que esto sería posible siempre y cuando se mantenga la conexidad para justificar el fin en materia económica. La comisión, convocada para las 12h00, abordará la aprobación del informe.

Personalmente, Peña cree que el juzgamiento de menores de edad con penas similares a las de adultos debería abordarse en la Comisión de Seguridad Integral. Sin embargo, la sesión discutirá si la reforma puede incluirse en una ley económica urgente, observando el artículo 116 de la Constitución.

Respecto a la propuesta, Peña manifiesta su acuerdo en que menores con delitos execrables sean juzgados como adultos. Sostiene que es necesario, porque actualmente “hacen lo que les da la gana, entran y salen de los centros reformatorios”, dijo a El Universo. Expresó la necesidad de “tener mano dura” y que el Gobierno “se ponga a trabajar”.

El independiente Cristian Benavides indicó que la inclusión de reformas penales no cabe dentro de la ley urgente de Innovación y Gestión Pública. Argumenta que debe haber unidad de materia, y esta situación podría convertir la norma en algo sujeto a inconstitucionalidades.

La opción, dijo Benavides, es remitir una nueva propuesta de ley, la cual apoyará gustosamente. Esta nueva propuesta abordaría específicamente el juzgamiento de menores infractores o con delitos graves como adultos.

Asimismo, la asambleísta del sector de Pachakutik, Carmen Tiupul, manifestó que en el tratamiento de los proyectos es fundamental tener claridad y observar la unidad de materia. Enfatizó que no se pueden introducir temas sin relación con el sistema de contratación pública.