El Gobierno de Ecuador presentó un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para regular a más de 70 mil organizaciones sociales, incluyendo fundaciones.
La medida, anunciada esta semana, busca controlar los flujos de capitales e identificar el financiamiento irregular que, según sospechas del Ejecutivo, reciben ciertas organizaciones. El objetivo principal es combatir las economías criminales y el lavado de dinero en el país.
El contexto de la propuesta
En el sistema unificado de información de organizaciones sociales del Ministerio de Gobierno, constan 71.786 organizaciones sociales, de las cuales 61.025 se consideran vigentes. El 48% de estas están registradas en el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), el 20% en el Ministerio de Trabajo y el 5% en los Ministerios de Producción, Educación, de la Mujer y Agricultura.
En menor porcentaje, se encuentran en otras secretarías de Estado. Según los fundamentos del proyecto, una de cada diez organizaciones tiene un presupuesto anual superior a los 100.000, pero el Gobierno ha detectado movimientos de ciertas onegés de hasta 13 millones.
Cifras bajo sospecha
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) ha señalado que algunas de estas organizaciones han movido alrededor de 300 millones. El Ejecutivo no ha precisado cuáles están bajo sospecha. Tampoco ha especificado qué porcentaje de esos 300 millones es de carácter ilícito.
A pesar de la falta de cifras oficiales, los cálculos sobre la cantidad de dinero que se lava en Ecuador oscilan en torno a los 3.000 millones por año, de acuerdo con fuentes no gubernamentales. La propuesta del Gobierno busca arrojar luz sobre estas transacciones financieras.
Inquietudes del sector social
Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, manifestó su preocupación por el proyecto de ley. Espinel señaló que, si bien es importante controlar el financiamiento, la ley debe ser clara para evitar la discrecionalidad en la supervisión estatal.
“Deben dar muestras de que esto no va a afectar la libertad de asociación, el derecho de reunión y, sobre todo, el trabajo de las organizaciones que en algún momento pueden disentir con el gobierno”, afirmó. El subdirector hizo un llamado a los legisladores para que especifiquen en la ley las causales de disolución de las onegés, para que estas no sean de “amplia interpretación y den lugar a la persecución”.
El proyecto de ley del Ejecutivo, enviado como económico urgente, aún no ha sido calificado por el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL). El tiempo se acorta, pues la Asamblea, según la ley, dispone de 30 días para tratar este cuerpo legal. La regulación de fundaciones y organizaciones sociales se convierte en un tema crucial para el futuro del tercer sector en Ecuador.
