El 27 de marzo de 2025, decenas de residentes de barrios cercanos a la autopista General Rumiñahui se congregaron frente a la Corte Constitucional, ubicada en el norte de Quito, para protestar contra el cobro de peaje en dicha vía. La manifestación contó con la presencia del concejal Fidel Chamba, la asambleísta Inés Alarcón y miembros del colectivo «Fuera peaje fuera». Los manifestantes argumentan que el cobro es inconstitucional y exigen su eliminación.
«Fuera peaje, fuera»
La protesta se llevó a cabo en las afueras de la Corte Constitucional, donde los manifestantes corearon consignas como «Fuera peaje, fuera». El concejal Fidel Chamba, quien lideró la movilización junto a la asambleísta Inés Alarcón, explicó que se ha presentado una acción de inconstitucionalidad contra el cobro. Según Chamba, más de 40 barrios se ven afectados por este peaje, que considera competencia del Municipio de Quito y no de la Prefectura.
Chamba argumentó que el cobro no cumple con los requisitos establecidos en el Código Tributario y que se basa en una resolución de la Prefectura. Tras varias reuniones con los vecinos afectados, se decidió presentar el recurso legal ante la Corte Constitucional. La asambleísta Inés Alarcón, por su parte, enfatizó que no permitirán que los residentes continúen pagando esta tarifa, que se aplica desde hace más de 20 años, y cuestionó la falta de transparencia en el destino de los recursos recaudados.
Reclamos de los moradores por el peaje
Una moradora recordó que hace 25 años ya se había realizado un cierre de la autopista General Rumiñahui por la misma razón. Comparó la situación actual con la de hace décadas, señalando que, aunque antes había mayor control y servicios en la vía, en los últimos años solo se ha recaudado dinero sin mejoras significativas.
Jorge Calero, presidente del colectivo «Fuera peaje fuera», reiteró que el cobro no debería existir al estar en una zona urbana, cuya competencia corresponde al Municipio. Calero criticó la baja ejecución presupuestaria del año pasado de la Empresa Pública Metropolitana de Obras Públicas, que, según él, debería ser la encargada del mantenimiento de la vía. Además, denunció que varios moradores han recibido notificaciones sobre el inicio de juicios de coactiva.
Argumentos legales y expectativas
Fidel Chamba recordó que el artículo 341 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales establece que cualquier acto normativo que extinga, modifique o establezca tributos debe provenir de la autoridad competente, en este caso, el Municipio de Quito. «Tenemos plena fe que la Corte Constitucional va a actuar en el marco de sus competencias. Este peaje afecta a todos los que pasan por ahí, no solo los vehículos, quienes terminan pagando de manera indirecta», concluyó Chamba.
