El 8 de julio de 2025, en Quito, la Procuraduría General del Estado solicitó a la Corte Constitucional iniciar el seguimiento de la Sentencia No. 2572-22-EP/24, emitida el 21 de noviembre de 2024, debido a presuntas dilaciones del juez Johnny Lituma en la ejecución del fallo que anuló la restitución de bienes a los hermanos Isaías, exdueños de Filanbanco.
Procuraduría: Denuncia de incumplimiento
La Procuraduría General del Estado denunció que el juez de instancia, Johnny Lituma, ha incurrido en dilaciones injustificadas en la ejecución de la sentencia de la Corte Constitucional que dejó sin efecto la devolución de bienes a los hermanos Roberto y William Isaías. Emitida el 21 de noviembre de 2024, la sentencia ordenó archivar el proceso que permitió a los Isaías recuperar 65 inmuebles y acciones de seis empresas.
Según la Procuraduría, el juez intentó introducir en abril de 2025 la figura de “situaciones jurídicas consolidadas” para proteger a supuestos terceros de buena fe que habrían adquirido bienes entre 2022 y 2024. La institución advierte que esta acción podría constituir prevaricato, al modificar el fallo constitucional.
La Procuraduría solicita a la Corte Constitucional activar una fase de seguimiento para garantizar el cumplimiento estricto de la sentencia y evitar reinterpretaciones indebidas.
Contexto del caso Isaías
El caso se remonta a la crisis financiera de finales de los noventa, cuando Filanbanco, entonces el banco más grande de Ecuador, fue intervenido por el Estado durante el feriado bancario. Los hermanos Isaías, exaccionistas del banco, tuvieron sus bienes incautados. En septiembre de 2022, un tribunal ordenó la devolución de estos bienes, pero la Procuraduría, junto con el Banco Central, el Ministerio del Ambiente y otras entidades, presentó una acción de protección.
En noviembre de 2024, la Corte Constitucional aceptó la acción y anuló las resoluciones judiciales que favorecieron a los Isaías, ordenando la restitución de los bienes al Estado. Sin embargo, el fallo no abordó los bienes ya transferidos a terceros, lo que ha generado controversia en la ejecución.
La Procuraduría subraya que el caso tiene trascendencia nacional, ya que afecta derechos constitucionales y requiere un tratamiento urgente para evitar vulneraciones graves.
Solicitudes a la Corte Constitucional
La Procuraduría presentó tres pedidos específicos al Pleno de la Corte Constitucional: iniciar la fase de seguimiento de la sentencia, priorizar el caso por su relevancia nacional y disponer medidas para asegurar la ejecución estricta del fallo. “El juez no puede reinterpretar la sentencia para favorecer a terceros no reconocidos en el proceso”, señaló la institución en un comunicado.
El organismo también destacó que las demoras en emitir oficios a instituciones competentes, como las encargadas de registros de propiedad, han retrasado la reversión de los actos de restitución.
Impacto y urgencia
La Procuraduría enfatizó que el incumplimiento de la Sentencia No. 2572-22-EP/24 podría generar una vulneración grave e irreversible de derechos constitucionales. La fase de seguimiento propuesta permitiría a la Corte supervisar directamente la ejecución y tomar medidas correctivas contra cualquier irregularidad.
El caso sigue siendo un tema de interés público, dado el impacto histórico de la quiebra de Filanbanco y las implicaciones de los bienes incautados. Las autoridades esperan que la Corte Constitucional actúe con celeridad para resolver la controversia.
