En ocho años, el grillete electrónico ha marcado a unas catorce figuras de la política

Desde exministros hasta líderes indígenas, han usado el dispositivo como medida cautelar en procesos judiciales.
Uno de los casos más recientes es el del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.
Uno de los casos más recientes sobre el uso de grillete electrónico es el del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.
Uno de los casos más recientes es el del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.
Uno de los casos más recientes sobre el uso de grillete electrónico es el del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.

Redacción

Redacción ED.

Desde 2017, año en que se empezó a usar el grillete electrónico en Ecuador,  al menos 14 políticos y figuras públicas han portado este dispositivo como parte de sus procesos judiciales. La medida, fue diseñada para descongestionar el sistema carcelario.

En palabras de la actual prefecta de Pichincha, Paola Pabón, quien lo portó tras las protestas de octubre de 2019, el grillete es “una marca de persecución”. Por su parte, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, recientemente imputado en el caso Triple A (por presunto comercio ilegal de combustibles), asegura que el aparato no impedirá su gestión, pero que evidencia un uso político de la justicia. Pero también lo han usado opositores al correísmo, como el exasambleísta Cléver Jiménez o el líder indígena Leonidas Iza.

La Fiscalía y la Corte Nacional sostienen que se trata de una medida cautelar válida para garantizar la comparecencia de procesados.

 Una medida vigente desde hace ocho años

El sistema de grilletes electrónicos fue activado en 2017, tras una inversión de USD 13,7 millones realizada en 2016 por el Gobierno de Rafael Correa.
Su objetivo era aplicar medidas menos restrictivas para personas sin condena firme, como parte de un plan para reducir el hacinamiento carcelario.

No obstante, en 2020 la Contraloría alertó que dos de cada tres dispositivos estaban dañados o en desuso, generando dudas sobre su sostenibilidad técnica y financiera.

¿Quiénes lo han usado y por qué?

Entre los casos más notorios se encuentran:

  • Fernando Alvarado (exsecretario de Comunicación RC): lo retiró y huyó.
  • Alexis Mera (exsecretario jurídico RC): condenado por cohecho.
  • María de los Ángeles Duarte (exministra RC): escapó a Argentina.
  • Paola Pabón y Virgilio Hernández: procesados tras el paro de octubre 2019 (RC).
  • Pamela Martínez y Laura Terán: colaboradoras clave en el caso Sobornos (funcionarias RC).
  • Iván Espinel (exministro RC): acusado de lavado de activos.
  • Ricardo Rivera (tío de Jorge Glas y operador del correísmo).
  • Carlos Luis Morales (exprefecto de Guayaquil PSC).
  • Cléver Jiménez (Pachakutik): procesado por revelar información reservada.
  • Leonidas Iza (CONAIE): portó grillete tras ser detenido en el paro de 2022.
  • Bella Jiménez (exasambleísta de la ID).
  • Peter Calo (exasambleísta de Pachakutik)
  • Jorge Yunda (exalcalde de Quito. Inició su vida política con Alianza PAIS-RC)
  • Aquiles Alvarez (actual alcalde de Guayaquil RC): enfrenta cargos por el caso Triple A.

Cifras que dibujan el contexto

  • Grilletes adquiridos: 4.000

  • Costo total: USD 13,7 millones

  • Año de implementación: 2017

  • Fugas con grillete: 2 confirmadas (Alvarado y Duarte)

 ¿Instrumento de justicia o persecución política?

El uso del grillete electrónico en procesos judiciales ha generado debate sobre su alcance y aplicación. Mientras algunos sectores políticos lo califican como un mecanismo de presión o persecución, otros actores jurídicos lo defienden como una medida cautelar legítima, siempre que se aplique dentro del marco de la imparcialidad y el respeto al debido proceso.

El sistema se mantiene vigente en Ecuador, aunque con menor cobertura técnica y operativa que en sus primeros años. En 2025, se han emitido nuevas disposiciones judiciales que incluyen esta medida para personas investigadas por delitos como corrupción o asociación ilícita.

A ocho años de su implementación, el grillete electrónico continúa siendo parte del catálogo de medidas cautelares del sistema judicial ecuatoriano. Más allá de su función de control, su uso recurrente en casos de alto perfil político ha abierto discusiones sobre su impacto institucional y su eficacia como herramienta de monitoreo en el contexto actual. (36)

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