En Santo Domingo de los Tsáchilas, un juez de flagrancia ordenó la prisión preventiva de Javier M., un policía, por su presunta autoría en el delito de concusión. El hecho ocurrió el 10 de julio de 2025, cuando exigió 14 dólares en efectivo y 24 dólares por transferencia a una conductora de motocicleta para evitar la retención de su vehículo, según elementos de convicción presentados por la Fiscalía.
Evadió el control
Al intentar evadir a la policía, la conductora ingresó a un centro de tolerancia, donde Javier M. la interceptó. Al solicitarle la licencia y la matrícula, y al confirmar que no las portaba, el policía presuntamente le exigió un soborno para no retener el vehículo. La mujer, bajo presión, accedió a pagar 14 dólares en efectivo y 24 dólares mediante transferencia bancaria a una cuenta indicada por el agente, presuntamente vinculada a un tercero.
Este acto flagrante fue presenciado por otros uniformados, quienes intervinieron y detuvieron a Javier M. en el acto. Las grabaciones de cámaras de seguridad de un inmueble cercano, ya bajo cadena de custodia, servirán como evidencia clave en el proceso judicial.
El 11 de julio de 2025, durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el Fiscal de turno presentó pruebas: el parte policial, la versión de la perjudicada que identificó al policía Javier M. como el autor, la copia de la transferencia bancaria, el informe de reconocimiento del lugar y otras evidencias.
Estas pruebas sustentaron la imputación por concusión, un delito tipificado en el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que puede acarrear penas de hasta 7 años de prisión.
Contexto de Corrupción Policial
El caso del policía Javier M. pone en evidencia los desafíos de corrupción dentro de las fuerzas del orden en Ecuador. Según el Ministerio de Gobierno, en 2024 se registraron 128 denuncias por actos de corrupción policial a nivel nacional, con Santo Domingo de los Tsáchilas entre las provincias afectadas por este tipo de delitos. La provincia, ubicada en una ruta estratégica para el narcotráfico, ha visto operativos regulares, pero también casos de abuso de autoridad. Entre ellos el decomiso irregular de bienes o extorsiones a conductores.
En 2025, la Policía Nacional ha intensificado sus esfuerzos internos, con 45 investigaciones internas abiertas hasta junio, según datos preliminares. El incidente con Javier M., se suma a un patrón de conductas que erosionan la confianza ciudadana. Especialmente en operativos de tráfico, donde las infracciones suelen ser aprovechadas para exigir sobornos.
Respuesta Judicial y Policial
El juez de flagrancia, tras evaluar las pruebas, dictó prisión preventiva para el Policía Javier M., considerando la gravedad del delito y el riesgo de fuga o reincidencia. El plazo de instrucción fiscal fue fijado en 30 días. Durante los cuales se realizarán pericias adicionales, incluyendo el análisis de las grabaciones y la trazabilidad de la cuenta bancaria involucrada. La Fiscalía confía en que las evidencias consoliden el caso contra el acusado.
La Policía ha reforzado controles y capacitaciones para prevenir la corrupción, mientras la comunidad exige mayor transparencia en los operativos.
Impacto Social y Perspectiva
El caso ha generado indignación en Santo Domingo, donde los ciudadanos ven con recelo a las autoridades tras episodios de abuso. “Es una vergüenza que un policía abuse de su poder. Necesitamos justicia”, expresó un comerciante local que prefirió el anonimato. La víctima, por su parte, recibió apoyo psicológico tras el incidente, mientras las autoridades buscan identificar al tercero involucrado en la cuenta bancaria.
La resolución de este caso podría marcar un precedente en la lucha contra la corrupción policial en la provincia. Con un plazo de 30 días para la instrucción fiscal, la presión está sobre la Fiscalía y la Policía para esclarecer los hechos y restaurar la confianza pública. La transparencia en el proceso será clave para abordar las raíces de la corrupción y prevenir futuros abusos. (27)
