El Gobierno de Perú promulgó una nueva ley que modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, estableciendo que los jóvenes de 16 y 17 años podrán ser imputados penalmente por delitos graves como asesinato, extorsión y violación sexual. La medida busca abordar la creciente criminalidad y el presunto reclutamiento de menores por bandas delictivas, aunque ha generado el rechazo de instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Por delitos graves

La reciente normativa peruana ha encendido un debate nacional sobre la responsabilidad penal juvenil. La ley declara imputables a los adolescentes de 16 y 17 años que cometan una lista específica de delitos considerados graves. Esta decisión se fundamenta, según declaraciones de parlamentarios como Alejandro Muñante y Fernando Rospigliosi, en la necesidad de evitar que menores de edad sean utilizados por organizaciones criminales, aprovechándose de su actual tratamiento legal como infractores de la ley penal, equiparándolos, según Muñante, al tratamiento de un niño.

La aprobación de esta ley en el Congreso de Perú no estuvo exenta de controversia. Mientras algunos sectores políticos argumentan que endurecer las penas para adolescentes que cometen crímenes graves es una medida necesaria para combatir la delincuencia, otras voces han expresado profunda preocupación por sus implicaciones en los derechos de los menores y su proceso de rehabilitación. El debate se centra en si un enfoque puramente punitivo es la solución más adecuada para abordar la criminalidad juvenil.

Reacciones y críticas a la nueva ley

Instituciones clave del sistema de justicia peruano han manifestado su firme oposición a la nueva legislación. El Poder Judicial, a través de un comunicado oficial, rechazó la ley por considerarla incompatible con la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Argumentan que la reforma prioriza un enfoque punitivo que ignora la condición especial de los adolescentes y contraviene los estándares nacionales e internacionales de protección de la infancia y la adolescencia.

Del mismo modo, el Ministerio Público también ha expresado su desacuerdo con la medida. Ambas instituciones coinciden en que la ley podría tener consecuencias negativas en la rehabilitación y reinserción social de los jóvenes infractores, además de cuestionar su efectividad para reducir la criminalidad. En este contexto, se subraya la importancia de considerar enfoques preventivos y de justicia restaurativa en lugar de medidas meramente punitivas.

Criminalidad en Perú

La promulgación de esta ley se da en un contexto de creciente ola criminal en Perú, calificada como la más fuerte de las últimas épocas. Esta situación se suma a una prolongada crisis política que ha afectado la estabilidad del país. La percepción de inseguridad ciudadana ha aumentado, lo que ha llevado a las autoridades a buscar medidas más enérgicas para combatir el delito, incluyendo la modificación de las leyes penales relacionadas con la edad de imputabilidad. La discusión sobre cómo abordar la criminalidad juvenil se intensifica en medio de este complejo panorama nacional.