La legisladora Paola Cabezas presentó este jueves un proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código de Trabajo ante la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social. La propuesta busca erradicar la discriminación y fortalecer la inspección laboral en Ecuador, respondiendo a la necesidad de proteger a los trabajadores y sancionar prácticas ilegales.
Desarrollo:
Durante la sesión 008, la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social recibió a la asambleísta Paola Cabezas. Ella detalló los objetivos y alcances de su iniciativa. Este proyecto busca dar herramientas a varias instituciones del Estado. Con estas herramientas, podrán prevenir, detectar y sancionar prácticas laborales ilegales. Se busca, además, fortalecer la inspección laboral. También, se quiere combatir la simulación contractual. Finalmente, busca proteger a trabajadores que aún esperan justicia, subrayó Cabezas.
La legisladora recalcó que el proyecto busca garantizar condiciones laborales dignas. Busca también que estas estén libres de discriminación. Incluye discriminación racial, étnica, cultural o de cualquier otra índole. Todo esto, en el marco del respeto a los derechos humanos y laborales. Ella enfatizó en erradicar la discriminación laboral. También, en prohibir el trabajo infantil en condiciones de explotación.
Fortalecimiento de la inspección y sanciones
Cabezas propuso modernizar las modalidades de inspección laboral. También, busca ampliar las atribuciones de los inspectores del trabajo. Asimismo, se busca implementar un régimen claro de responsabilidades y sanciones. El proyecto tiene su origen en denuncias. Estas denuncias provienen de víctimas del caso Furukawa. Este caso es un ejemplo de vulneración de derechos y discriminación racial. En Furukawa se incumplieron normas de protección laboral.
Entre las reformas, se propone incluir trabajos prohibidos para menores. Son aquellos en condiciones de aislamiento o precariedad laboral. También, bajo control coercitivo. En estos trabajos, se limita la libertad de niños, niñas y adolescentes. También, se restringe su acceso a derechos básicos. Esto incluye educación, salud y seguridad social. Estas condiciones, señaló Cabezas, constituyen formas de explotación. Estas formas atentan contra su desarrollo integral.
Capacitación y plazos
La iniciativa contempla disposiciones transitorias. Estas establecen un plazo máximo de un año. En este plazo, los inspectores laborales deben recibir capacitación. Esta capacitación será integral. También, los empleadores deben modificar condiciones de precariedad laboral, si existen. La propuesta continuará su trámite. Está en su primera fase de socialización. Se unificará con otras propuestas sobre la misma materia. Este paso es crucial para avanzar en la legislación.
