Las autoridades de Panamá suspendieron este sábado 21 de junio del 2025 el acceso a internet y la telefonía móvil en la provincia caribeña de Bocas del Toro, tras el decreto de estado de urgencia emitido por el presidente José Raúl Mulino. La medida responde a casi dos meses de protestas contra una reforma de pensiones, que han dejado un muerto, más de cien detenidos y decenas de heridos.
El viernes 20 de junio, Mulino restringió las libertades de reunión y movimiento en la zona, donde manifestantes han causado daños al aeropuerto, comercios y oficinas, además de mantener bloqueos de carreteras. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) anunció en X que la suspensión de telecomunicaciones residenciales se extenderá hasta el 25 de junio, aunque se garantiza el servicio en hospitales, comercios y entidades gubernamentales.
Escalada de las protestas
Las manifestaciones, iniciadas el 28 de abril, se intensificaron el jueves 19 de junio, tornando violentas. Según las autoridades, los disturbios han dejado 13 policías heridos y más de un centenar de personas detenidas. La reforma de pensiones, que busca ajustar el sistema de jubilaciones, ha generado rechazo entre diversos sectores, inicialmente liderados por trabajadores bananeros. Aunque el sindicato bananero alcanzó un acuerdo con el gobierno la semana pasada, otros grupos persisten en exigir la derogación total de la ley, argumentando que afecta sus derechos laborales y económicos.
Bocas del Toro, una región turística y agrícola clave, ha sido el epicentro de las protestas, que han paralizado la actividad económica local. Los bloqueos de carreteras han interrumpido el transporte de bienes, mientras los daños al aeropuerto han afectado el turismo, vital para la provincia. La reforma de pensiones, impulsada por Mulino desde su llegada al poder, busca garantizar la sostenibilidad del sistema de jubilaciones en un país con una población envejecida, pero ha sido criticada por sectores que consideran que reduce beneficios.
La suspensión de internet y telefonía móvil, una medida extrema, refleja la gravedad de la situación. Según Asep, el objetivo es limitar la coordinación de protestas violentas, aunque la decisión ha generado preocupación por el acceso a la información en la región. Servicios esenciales, como los de salud, mantienen conectividad para evitar impactos mayores.
Reacciones y consecuencias
La escalada de violencia ha puesto en el centro del debate la gestión de Mulino frente a las movilizaciones sociales. Desde abril, las protestas han evolucionado de marchas pacíficas a enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, especialmente tras la radicalización de algunos grupos. El saldo de un fallecido ha intensificado las demandas de diálogo, pero el gobierno insiste en mantener el orden público.
El estado de urgencia, que incluye restricciones a libertades fundamentales, ha sido justificado por Mulino como necesario para restablecer la calma. Sin embargo, la suspensión de telecomunicaciones podría complicar la comunicación entre los residentes y limitar la difusión de información independiente. Las autoridades han prometido restablecer los servicios el 25 de junio, siempre que la situación se estabilice.
Perspectiva regional
Panamá, conocido por su estabilidad relativa en Centroamérica, enfrenta un desafío significativo con estas protestas. La reforma de pensiones, un tema sensible en muchos países, ha expuesto tensiones sociales en Bocas del Toro, una región históricamente marginada pese a su importancia económica. El gobierno enfrenta ahora el reto de equilibrar la implementación de políticas económicas con el manejo de la discontento social. Mientras la comunidad internacional observa la evolución de la crisis.
