Portoviejo, Guayaquil, Montecristi, Jipijapa y otras ciudades de Ecuador llegan a su bicentenario de independencia de la corona española, pero doscientos años después mantienen una gran dependencia del Gobierno central, por el modelo que se administra en Ecuador.
Se trata de un modelo hipercentralista, que tiene que cambiar. En el esquema actual, los llamados gobiernos descentralizados autónomos dependen excesivamente de las rentas que otorga el gobierno central, que suele retrasarse porque prioriza sus propios gastos.
Aproximadamente el 80 por ciento de los fondos que maneja la administración pública se concentra en el gobierno central que, a través de todas sus instancias, determina qué necesidades deben satisfacerse en las provincias y cantones.
Lo ideal es que maneje el 50 por ciento de los recursos y que el restante se distribuya entre los más de 200 GAD parroquiales, cantonales y provinciales que, a su vez, deberían asumir determinadas competencias como la educación, la salud y otras.
Los líderes políticos, este gobierno y los próximos deben elaborar un plan para modificar el modelo administrativo del país, para hacer más equitativa y justa la distribución de las rentas del Estado.
Ya es hora de que haya un cambio para que las instituciones locales trabajen mejor por sus territorios.
