La ratificación de la sentencia en contra del concejal Juan Manuel Casanova, en una demanda seguida por el Gobierno Municipal de Manta, del que forma parte, constituye un mal precedente tanto para los ciudadanos como para quienes tienen entre sus funciones la fiscalización de lo público.
La Corte Provincial de Justicia ratificó el fallo de primera instancia contra el edil, quien ha sido sentenciado a quince días de prisión, entregar una reparación económica de 3 mil dólares y pedir disculpas públicas, por haber publicado en redes sociales señalamientos sobre una obra pública.
“Funcionarios e instituciones deben ser más abiertos frente a la crítica”.
Se trata de una sentencia inaceptable y una velada advertencia. Un edil no solo está en su derecho de cuestionar, como ciudadano, lo que considere equivocado, sino que también está llamado a fiscalizar, pues ese es uno de sus roles.
Se necesita que los funcionarios y las instituciones públicas sean más tolerantes a la crítica y a los señalamientos en contra.
Todos sus actos, incluso muchos de los privados, están sometidos al escrutinio público y, por tanto, deben dar muestra de apertura y respeto por las opiniones contrarias.
