Culminaron los seis meses del estado de excepción en todo el territorio nacional decretado por la presencia del coronavirus, aunque continúan los riesgos de contagio y fallecimientos por esta enfermedad, la Constitución no permite extenderlo por más tiempo. Ahora los municipios son los encargados de tomar las medidas convenientes en cada jurisdicción, monitoreando indicadores económicos y sanitarios en coordinación con autoridades nacionales, ya que la solución final sólo llegará con la esperada vacuna.
Durante el semestre recibimos una lluvia de datos estadísticos publicados por los organismos respectivos que desataron polémicas y dudas con respecto al número de contagios y fallecidos. De acuerdo a los propios especialistas, la magnitud de la pandemia se establece de la manera más confiable comparando con los fallecimientos reportados oficialmente en igual período del 2019. Los datos indican que a nivel nacional las defunciones han superado las 30 mil por esta enfermedad. El mismo parámetro demuestra que en Manabí la cifra llega a tres mil, siendo con Guayas y Pichincha las más afectadas. Los datos coinciden en que abril fue el mes con la mayor cantidad de decesos (sobre 12 mil). Posteriormente los números han descendido debido a varios factores favorables, pero se teme que después del estado de excepción la población se relaje y se presenten peligrosos rebrotes.
El impacto en estos seis meses debe ser el peor en la historia del país en lo sanitario, en lo económico y en lo moral. Porque además de la pérdida de tantas y valiosas vidas, miles de ecuatorianos se quedaron desempleados y otros también cerraron sus negocios aumentando los índices de pobreza. Pero lo peor fue la corrupción por los negociados de mascarillas, fundas para cadáveres, pruebas y medicinas que realizaron inescrupulosos burlándose del dolor humano, a quienes debe caerles todo el peso de la ley.
Sanitariamente el siguiente semestre será del autocontrol y de la esperanza en que llegue oportunamente la ansiada vacuna, pero también debe ser de mucha reflexión porque entramos en la recta final del proceso electoral que decidirá los destinos nacionales en los próximos años.
Para los manabitas es otra oportunidad para rechazar a los deshonestos como aquellos que saquearon los fondos solidarios del terremoto y de los hospitales.
