La Justicia debe agilizar los procesos de reparación al Estado por parte de quienes tengan sentencia en firme por casos de corrupción u otras afectaciones, con el fin de evitar nuevos perjuicios contra la cosa pública.
Un juez acaba de favorecer a un exfuncionario público, sentenciado por los delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada, con un régimen semiabierto al cumplir el 60 % del tiempo de la prisión que se le dispuso. La sentencia disponía el pago de la reparación integral y una multa pecuniaria por tales delitos.
Sin embargo, el Estado no puede cobrar los valores adeudados porque el tribunal no ha establecido el monto que le corresponde pagar, ya que solo existe un valor global para varios sentenciados.
“Las sentencias en las que se cumple solo una parte no son justas”.
Las sentencias en las que se cumple solo una parte no son justas. Favorecer a un reo con medidas cautelares, a las que tiene pleno derecho, sin exigir el pago de los valores económicos, es un espaldarazo a la corrupción.
Tiene que investigarse por qué no se ha cumplido a cabalidad la disposición judicial.
La Procuraduría debe exigir el cumplimiento pleno de las sentencias y hacer seguimiento de ello.
Editorial de El Diario publicado este viernes 30 de septiembre del 2022 en nuestra edición impresa.
