La Asamblea Nacional debe encaminar reformas legales para cambiar normas que vulneren libertades, como la de expresión y la de la propiedad, por citar dos ejemplos.
Leyes como el Código de la Democracia, el Código Orgánico Integral Penal, entre otras, atentan contra la libertad de expresión en algunos de sus artículos.
Por ejemplo, el Código de la Democracia establece sanciones que pueden aplicarse con subjetividad, como cuando se determina propaganda anticipada o cuando, en plena campaña, se obliga a los sujetos políticos a pedir la autorización del Consejo Nacional Electoral para la publicación de cualquier aviso.
El COIP señala sanciones para quienes publiquen documentos que tienen la cláusula de reserva, lo cual incluye a los medios. A tenor de esta norma, no habría sido posible publicar ninguna de las investigaciones como los Papeles de Panamá, los Papeles de Pandora y las filtraciones de WikiLeaks, entre otras.
Las leyes también restringen el derecho a la propiedad, sobre todo en lo que tiene que ver con banca y medios de comunicación.
Las leyes no tienen sentido cuando vulneran derechos de los ciudadanos. La labor de la Asamblea debería estar encaminada a superar estos inconvenientes.
