Nuevas medidas económicas se analizan por exigencia del Fondo Monetario Internacional, que acaba de autorizar un considerable desembolso a favor del Estado ecuatoriano. El Gobierno debería tomarlas con mesura y analizar su pertinencia, por el impacto que pueden tener en la economía de la población.
Incremento del IVA al 15 por ciento, eliminación de la devolución del IVA a los adultos mayores, aumento del impuesto a la renta, cobro de impuestos sobre los décimos, serían parte de las propuestas del organismo multilateral.
Aumentar impuestos podría no ser una decisión acertada en tiempos en los que los ciudadanos enfrentan una crisis severa por la pandemia del coronavirus.
Cuando las empresas que sobrevivieron a la crisis empiezan una compleja y lenta recuperación, la posibilidad de un aumento de impuestos y de eliminación de beneficios puede causar nuevos problemas y desalentar la inversión.
No se debería salir de una crisis empeorando el panorama a quienes producen y a quienes trabajan.
Más bien, es el Estado el que debería poner de su parte y reducir sus gastos, en todos los niveles y funciones, para evitar que se dilapiden los recursos. Es necesario que esto se convierta en una norma general y que no quede a discreción de los titulares de las instituciones por más autónomos que sean.
