A más de cinco años del terremoto de abril del 2016, gran parte de la prometida reconstrucción continúa detenida, a la espera de recursos o de resolución jurídica. Mientras, los que pagan las consecuencias son los ciudadanos.
Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda no ha dicho nada más sobre los centenares de casas familiares cuya reconstrucción se asignó a profesionales y compañías escogidas sin ningún concurso previo, y que aduciendo falta de recursos dejaron los trabajos inconclusos. Todavía hay familias que aguardan por sus casas o por una respuesta oficial.
Tampoco se han manifestado las instituciones públicas cuyos edificios resultaron afectados o destruidos. En algunos casos, cobraron los seguros contra desastres, pero nunca se hizo nada por volver a levantar los inmuebles.
“El actual régimen debería decidir cómo reparar lo que quedó tras el terremoto”.
Hay obras públicas, como la vía Manta-Colisa y los trabajos del Plan Priza, que siguen sin terminar, convertidas en una improductiva muestra del escaso interés con el que se manejan muchos asuntos de esta provincia.
Otras, como los hospitales, avanzan a un ritmo muy lento. Y merecen mención aparte los cuarteles bomberiles, que siguen funcionando en espacios de emergencia.
Se demanda el interés del Gobierno para que defina prioridades y determine qué hacer para superarlas.
Editorial de El Diario publicado este sábado 4 de diciembre del 2021 en nuestra edición impresa.
